Sebastián Figueroa, un hombre de 40 años que había atacado sexualmente al menos a dos jóvenes mujeres y a dos menores en distintos barrios de Quilmes entre 2010 y 2013, fue condenado el mes pasado a 30 años de prisión por un tribunal oral de esa ciudad bonaerense. Para el fallo, los jueces se basaron en los resultados que aportó el software nacional GENis que, tras cotejar la evidencia aportada por el Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, permitió a los peritos actuantes identificar al agresor. Fue la primera vez desde su creación, que la herramienta desarrollada íntegramente en el país a instancias de la Fundación Sadosky –con el trabajo de investigadores argentinos de distintas áreas– consiguió que un poder judicial provincial aprovechara de manera decisiva las muestras de ADN recolectadas a nivel local.
“Nuestro software de genética forense colaboró para que hoy haya un violador menos en la calle y para que cuatro víctimas pudieran obtener finalmente justicia. Este resultado es fruto de un esfuerzo interagencial de 15 años, en el que la ciencia argentina ocupó un papel central, junto a universidades nacionales, organismos judiciales y expertos de diversas disciplinas”, resaltó a la Agencia CyTA-Leloir Gustavo Sibilla, coordinador del proyecto en la Fundación Sadosky desde 2014. Y añadió: “Nuestro anhelo ahora es que se multiplique la resolución de casos como éste en todo el país. No solo de agresiones sexuales, sino también de homicidios, femicidios y lesiones graves, tal como habilitó expresamente el Congreso Nacional en 2024”.
Según Sibilla, la ley, la tecnología y los datos ya están, pero persisten trabas reglamentarias “que no permiten aprovechar aún el altísimo poder identificatorio del ADN para resolver crímenes pasados y evitar futuros”. Sibilla hace referencia a problemas de flujo en la información genética, que se produce en forma descentralizada a requerimiento de múltiples tribunales y fiscalías en todo el territorio nacional, pero que permanece “encapsulada” y no llega a integrarse en una instancia única para su cotejo global. Tratando de resolver ese rompecabezas se encuentra la Fundación Sadosky, hoy dirigida por Juan Cruz Cabrera, con el apoyo de Leandro Giordano y Sebastián Gómez Abuin. En el proyecto GENis trabaja también María Soledad Escobar, una informática platense con larga experiencia en el desarrollo de proyectos tecnológicos para la justicia.
GENis es un software gratuito y de código abierto, que permite hacer comparaciones de perfiles genéticos forenses almacenados en bases de datos de distintas jurisdicciones.
El físico e investigador del CONICET Ariel Chernomoretz, jefe del Laboratorio de Biología de Sistemas Integrativa de la Fundación Instituto Leloir (FIL) y profesor del departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, fue quien desarrolló los algoritmos del software nacional y estuvo involucrado en la iniciativa desde su génesis hasta 2024.
“Fue un proyecto muy especial, en el sentido de que, a partir de una base de desarrollos formales y de ciencia básica, apuntó a generar una herramienta de primer nivel para dar respuesta a problemas muy concretos y complejos relacionados con la identificación de personas”, señaló Chernomoretz. Y añadió: “Desde el lado técnico fue muy gratificante el camino transitado: al comienzo era un área novedosa y eso hizo que comenzáramos apalancándonos en metodologías publicadas. Pero con el tiempo fuimos desarrollando nuestros propios abordajes originales, que fueron validados y compartidos con la comunidad internacional, a través de publicaciones en revistas y presentaciones a congresos nacionales e internacionales, generando un ‘momentum’ para el desarrollo local de este tipo de investigaciones”.
El físico resaltó la confluencia de distintos saberes en pos de un mismo objetivo y la participación activa de diferentes sectores involucrados: genetistas forenses, abogados y otro tipo de personal tanto de la justicia como del Banco de Datos Genético.
Un legado de Ángeles Rawson
Luego del resonante caso de intento de violación seguido de muerte de la adolescente Ángeles Rawson, en 2013 se creó en la Argentina, por ley del Congreso, el Registro Nacional de Datos Genéticos (RNDG) vinculados a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, hubo que esperar 4 años, hasta el caso de Micaela García, para que esa ley fuera reglamentada. Recién en ese momento comenzó a almacenarse, lentamente, información de condenados por delitos sexuales para que pueda ser contrastada con las evidencias (muestras de ADN) que se recolectan en escenas de esos tipos de crímenes. Casi en paralelo, un equipo interdisciplinario de científicos argentinos desarrolló GENis, software que permite almacenar, compartir y comparar perfiles genéticos, que ya fue instalado en 20 provincias argentinas y que también utiliza el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las policías nacionales de Perú y Bolivia.
Impulsado por la Fundación Sadosky, junto a la Sociedad Argentina de Genética Forense, el CONICET, la Fundación Instituto Leloir y la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional y varias universidades nacionales, entre otras instituciones, GENis es gratuito, de código abierto y permite hacer comparaciones de los perfiles genéticos forenses almacenados en las bases de datos de distintas jurisdicciones. En estos 13 años de existencia, GENis fue evolucionando, por lo general de la mano de Chernomoretz, su “cerebro informático”, y otros científicos del Leloir, como Cristina Marino-Buslje, jefa del Laboratorio de Bioinformática Estructural y sus investigadores Javier Iserte y Fernando Orti. También colaboró activamente Franco Marsico, docente de la UBA, en el módulo de búsqueda de personas desaparecidas.
En 2018, la Corte Suprema bonaerense y la Fundación Sadosky firmaron un convenio de cooperación por el que la primera adoptó GENis para la puesta en marcha de su Banco de Datos Genéticos (BDG) provincial. Se instaló la versión disponible en aquel momento, y tras elaborar los procedimientos y protocolos necesarios se inició la carga de perfiles genéticos de individuos condenados. En 2025, el BDG solicitó una serie de mejoras y actualizaciones al software, se suscribió un acuerdo de desarrollo y se incorporaron los requerimientos en una versión nueva, que comenzó a “trabajar” en abril de este año. “Casi de inmediato produjo el ‘match’ que condujo a la resolución del caso del violador serial de Quilmes”, resaltó Sibilla.
El RNDG, en cambio, dejó de funcionar en diciembre de 2023. Según el decreto 324/2025, el Poder Ejecutivo Nacional mostró la intención de relanzarlo desde el Ministerio de Seguridad (antes dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), pero ya pasaron casi 9 meses del año y todavía no hubo novedades.
“Consideramos que la reciente condena de un violador a la que contribuyó GENis puede servir como un llamado a las autoridades judiciales del país para distribuir información genética que puede salvar vidas y evitar crímenes aberrantes. Los datos están, el problema es que no se comparten”, resaltó Sibilla. “Con simples disposiciones que no representan gasto adicional alguno –continuó– podría crecer verticalmente el volumen de la base de datos genética en el corto plazo y, así, casos como el del violador serial de Quilmes se podrían multiplicar en las 23 provincias argentinas y en la ciudad autónoma de Buenos Aires”.
Por su parte, Chernomoretz concluyó: “La complejidad de la problemática que aborda GENis hace que los tiempos para que lo aprovechen las instituciones para las que fue pensado no sean todo lo rápido que uno desearía. Pero saber que comienza a ser utilizado y que, efectivamente, ayudó a resolver crímenes concretos es muy reconfortante”.
Fuente: Agencia CyTA-Leloir
