La situación se complicó cuando varias personas intentaron adelantarse para ingresar al recinto, lo que provocó corridas, empujones y la ruptura de algunos cordones de seguridad. Los agentes utilizaron medidas disuasorias y realizaron disparos al aire para recuperar el control. El episodio fue contenido y el traslado continuó posteriormente.
El nuevo centro dispone de unas 1.700 plazas, una capacidad muy inferior a la cantidad de personas que todavía permanecen en situación precaria en Ceuta. El Gobierno español estima que entre 9.000 y 10.000 migrantes continúan en el enclave después de la llegada masiva registrada desde Marruecos a finales de julio.
La operación volvió a poner bajo presión al gobierno de Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó públicamente la organización del operativo y sostuvo que las fuerzas de seguridad estaban desbordadas. Desde el Gobierno defendieron la actuación y remarcaron la dificultad de movilizar a miles de personas en un contexto de plazas limitadas.
A finales de julio de este año, llegaron 70.000 inmigrantes ilegales a Ceuta, un enclave español en el África que tiene 60.000 habitantes. Quedaron 10.000 viviendo en condiciones penosas en campamentos por las calles o en la playa. El gobierno de Pedro Sánchez no sabe como hacer para restaurar la paz y la calma en ese lugar.
Caos y violencia al «relocalizar» a los ilegales en Ceuta
Tras más de un mes de protestas de los españoles que viven en Ceuta, el gobierno de Pedro Sánchez se decidió a actuar. Hasta ahora se mantuvo en un debate en Madrid con la oposición sobre si supo lo que se venía ( la invasión de 70.000 personas) y cómo devolverle la tranquilidad a los 60.000 españoles que viven en ese enclave en el África.
Pero la decisión de sacar de las calles y las plazas a unas 10.000 personas, con la fuerza de la policía generó corridas, tumultos y diferentes tipos de violencia en las calles de ese territorio.
Finalmente, el gobierno de Sánchez consiguió un apoyo judicial. Tuvo el respaldo judicial clave para poner en funcionamiento el campamento temporal instalado en el puerto de Ceuta, después de que la Audiencia Nacional rechazara suspender su apertura.
El dispositivo ocupa unos 16.000 metros cuadrados y tiene capacidad para recibir hasta 1.800 migrantes que permanecen actualmente en situación precaria en la ciudad. Pero implica que sigue habiendo marroquíes que deberán abandonar Ceuta.
La decisión llegó después de una jornada de incertidumbre para el Ejecutivo y de violencia en las calles en Ceuta. El miércoles, la propia Audiencia Nacional había ordenado paralizar de manera cautelar la apertura del campamento, a raíz de un recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Pero ante la gravedad de los enfrentamientos llegó el permiso para alojar de manera transitoria a 1.800 de los inmigrantes que llegaron el pasado mes de agosto.
El momento más complejo se dio cuando cuando los migrantes se agolparon frente a los agentes antidisturbios para intentar avanzar. El fuerte empuje provocó forcejeos y varios heridos.
Ante la presión de la multitud, la Policía realizó disparos al aire para intentar recuperar el control de la situación. La violencia y el descontrol fue aún mayor. Con miles de los inmigrantes marroquíes corriendo por las calles.
La situación se complicó cuando varias personas intentaron adelantarse para ingresar al recinto, lo que provocó corridas, empujones y la ruptura de algunos cordones de seguridad. Los agentes utilizaron medidas disuasorias y realizaron disparos al aire para recuperar el control. El episodio fue contenido y el traslado continuó posteriormente.
El nuevo centro dispone de unas 1.700 plazas, una capacidad muy inferior a la cantidad de personas que todavía permanecen en situación precaria en Ceuta. El Gobierno español estima que entre 9.000 y 10.000 migrantes continúan en el enclave después de la llegada masiva registrada desde Marruecos a finales de julio.
La operación volvió a poner bajo presión al gobierno de Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó públicamente la organización del operativo y sostuvo que las fuerzas de seguridad estaban desbordadas. Desde el Gobierno defendieron la actuación y remarcaron la dificultad de movilizar a miles de personas en un contexto de plazas limitadas.
A finales de julio de este año, llegaron 70.000 inmigrantes ilegales a Ceuta, un enclave español en el África que tiene 60.000 habitantes. Quedaron 10.000 viviendo en condiciones penosas en campamentos por las calles o en la playa. El gobierno de Pedro Sánchez no sabe como hacer para restaurar la paz y la calma en ese lugar.
Caos y violencia al «relocalizar» a los ilegales en Ceuta
Tras más de un mes de protestas de los españoles que viven en Ceuta, el gobierno de Pedro Sánchez se decidió a actuar. Hasta ahora se mantuvo en un debate en Madrid con la oposición sobre si supo lo que se venía ( la invasión de 70.000 personas) y cómo devolverle la tranquilidad a los 60.000 españoles que viven en ese enclave en el África.
Pero la decisión de sacar de las calles y las plazas a unas 10.000 personas, con la fuerza de la policía generó corridas, tumultos y diferentes tipos de violencia en las calles de ese territorio.
Finalmente, el gobierno de Sánchez consiguió un apoyo judicial. Tuvo el respaldo judicial clave para poner en funcionamiento el campamento temporal instalado en el puerto de Ceuta, después de que la Audiencia Nacional rechazara suspender su apertura.
El dispositivo ocupa unos 16.000 metros cuadrados y tiene capacidad para recibir hasta 1.800 migrantes que permanecen actualmente en situación precaria en la ciudad. Pero implica que sigue habiendo marroquíes que deberán abandonar Ceuta.
La decisión llegó después de una jornada de incertidumbre para el Ejecutivo y de violencia en las calles en Ceuta. El miércoles, la propia Audiencia Nacional había ordenado paralizar de manera cautelar la apertura del campamento, a raíz de un recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Pero ante la gravedad de los enfrentamientos llegó el permiso para alojar de manera transitoria a 1.800 de los inmigrantes que llegaron el pasado mes de agosto.
El momento más complejo se dio cuando cuando los migrantes se agolparon frente a los agentes antidisturbios para intentar avanzar. El fuerte empuje provocó forcejeos y varios heridos.
Ante la presión de la multitud, la Policía realizó disparos al aire para intentar recuperar el control de la situación. La violencia y el descontrol fue aún mayor. Con miles de los inmigrantes marroquíes corriendo por las calles.
