La creciente tensión en distintas escuelas técnicas de Misiones volvió a poner bajo la lupa la respuesta de las autoridades educativas ante denuncias por presuntos casos de acoso, abuso y violencia intrainstitucional. Estudiantes, familias y docentes reclaman medidas concretas y cuestionan las demoras en las intervenciones por parte del Consejo General de Educación (CGE).
Una ola de indignación y preocupación sacude a la comunidad educativa de las escuelas técnicas de la ciudad, encabezada por las protestas y medidas de fuerza en instituciones como la EPET N° 45 del barrio San Isidro de Posadas, situación que se replica en otros establecimientos educativos de Misiones de esa modalidad. Estudiantes, familias y docentes se encuentran movilizados ante reiteradas denuncias por situaciones de abuso, acoso laboral y violencia intrainstitucional, señalando la falta total de respuestas por parte de los equipos directivos de los establecimientos.
A pesar de que el Ministerio de Educación de Misiones solicitó e impulsó las actuaciones correspondientes para intervenir de manera urgente en cada uno de los casos, los reclamos chocan contra un muro burocrático en el Consejo General de Educación (CGE), presidio por Daniela López. Según denuncian tutores y alumnos, desde el organismo provincial no se han adoptado medidas concretas ni preventivas, dejando a las víctimas desprotegidas dentro de los propios establecimientos educativos.
El conflicto escaló luego de que salieran a la luz situaciones sostenidas en el tiempo que afectaron gravemente la integridad emocional y física de los estudiantes. Frente al silencio y la inacción de las autoridades de cada colegio, los alumnos acompañados por sus familias decidieron tomar medidas como manifestaciones, abrazos simbólicos y tomas de edificios para visibilizar el problema.
En medio de los cuestionamientos a la burocracia, uno de los reclamos es por el silencio de los directivos, ya que los padres afirman que las autoridades del establecimiento no activan los protocolos institucionales de forma inmediata.
A su vez, hay denuncias públicas de hostigamiento hacia docentes que intentaron respaldar y contener a los estudiantes, a lo que se suman los cuestionamientos por las intervenciones insuficientes, ya que aunque el Ministerio de Educación abogó por la rápida intervención, las actuaciones que llegan al CGE terminan encajonadas o dilatadas en un circuito administrativo insostenible ante la urgencia de la situación.
Una comunidad educativa en vilo
La pasividad del organismo conducido por Daniela López contrasta severamente con la gravedad del cuadro de situación. Las familias remarcan que no se puede naturalizar la violencia dentro del ámbito escolar ni esperar consecuencias irreversibles para tomar decisiones de fondo, tales como la separación preventiva de los cargos denunciados o la intervención directa de las conducciones escolares.
Mientras el CGE prolonga los plazos administrativos sin emitir resoluciones de fondo, la tensión en las escuelas técnicas sigue en aumento, marcando un quiebre en la confianza de la comunidad con las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los jóvenes.
