El gobierno de la provincia de Misiones formalizará un planteo judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar la aplicación del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional derogó la Ley de Tierras N° 26.737. La decisión fue instruida por el gobernador Hugo Passalacqua a la Fiscalía de Estado, con el objetivo de resguardar el patrimonio, los recursos naturales y la soberanía del territorio provincial.
La medida se adopta luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto la suspensión de la derogación al desestimar, por falta de legitimación, la acción de amparo presentada por el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata. Al respecto, el subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de Misiones, Daniel Behler, explicó que la resolución del máximo tribunal dejó la situación en un plano de incertidumbre legal: “La Corte le dijo al Centro de Excombatientes ‘ustedes no tienen la legitimación, no pueden hacer este planteo’, pero expresamente pone ‘no nos vamos a referir a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto’. Deja otra vez en un limbo la situación del DNU”.
Ante este panorama, la provincia busca intervenir directamente en el litigio para evitar dilaciones procesales y lograr una definición de fondo. “El gobernador de la provincia de Misiones instruyó a la Fiscalía para que la provincia inicie el planteo. En ese caso va a ser difícil que la Corte le diga a una provincia que no tiene la facultad o la legitimación. Creo que la provincia de Misiones está ampliamente legitimada como para hacer este planteo”, sostuvo Behler, al tiempo que remarcó que, por su condición de provincia contra la Nación, la causa llegará sin escalas al tribunal supremo: “Al ser la provincia la que plantea, no debe recorrer primera y segunda instancia, va directamente a la Corte”.
El funcionario provincial cuestionó en duros términos la vía del decreto utilizada por la administración central para desarticular el marco normativo de protección de tierras rurales. “Emitir un decreto que modifique más de cien leyes es una aberración jurídica, es una gran violación de los principios republicanos. No hay un solo constitucionalista que diga que ese decreto es constitucional”, enfatizó el subsecretario.
En cuanto al impacto real y los riesgos que representa la desregulación, Behler señaló que el intento de liberar los límites a la extranjerización no apunta al mapa agrario tradicional de la región, sino al control estratégico de áreas clave para la extracción minera y de recursos críticos en el país. “Creo que esa ley pretendió ser derogada para facilitar la adquisición de las tierras denominadas raras, todo lo que es el litio, todo lo que es el cobre. Misiones tiene una gran superficie de límite con países extranjeros; no tenemos una cola de 200.000 personas viniendo a comprar nuestras tierras, pero se están tomando las precauciones para que eso no suceda de forma progresiva”, concluyó Behler.
