La tierra como sostén del trabajo rural y la producción misionera
La postura del Gobierno provincial se sustenta en una realidad concreta. En Misiones la yerba mate, té, tabaco, horticultura y distintas actividades de la agricultura familiar no solo generan ingresos y empleo, sino que también sostienen la actividad comercial, el arraigo rural y la identidad de numerosas localidades. En este contexto, la regulación de la propiedad de las tierras rurales adquiere una dimensión estratégica: la posibilidad de preservar las unidades productivas, evitar una mayor concentración territorial y sostener las condiciones de trabajo de las familias rurales.
A su vez, esa defensa implica proteger la capacidad de las comunidades para generar alimentos, agregar valor en origen y mantener circuitos económicos que distribuyen oportunidades en el territorio provincial. Por eso, la discusión sobre la Ley de Tierras no se limita a quién puede adquirir una propiedad, sino que también plantea qué modelo de desarrollo se busca consolidar y qué condiciones necesitan los productores para continuar trabajando y proyectando su futuro.
Una provincia con características territoriales estratégicas
Uno de los principales argumentos del Gobierno misionero está relacionado con la ubicación geográfica de la provincia. Más del 90% de sus límites corresponden a fronteras internacionales. Se trata de una particularidad que refuerza la relevancia de las decisiones vinculadas con el uso y la titularidad de la tierra. A esta condición se suma la riqueza de sus recursos naturales y su biodiversidad, elementos que forman parte de un patrimonio ambiental de importancia nacional.
Desde la perspectiva provincial, la derogación de la Ley de Tierras puede tener consecuencias que van más allá del mercado inmobiliario. El Decreto N.º 1935 señala posibles impactos sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas, el entramado económico y social, el control de los recursos naturales y cuestiones relacionadas con la seguridad provincial y municipal.
En ese marco, Passalacqua sostuvo que Misiones no puede permanecer al margen de una discusión que involucra la protección de su suelo y los intereses de las generaciones presentes y futuras. Con la intervención de la Fiscalía de Estado se buscó, precisamente, establecer las vías jurídicas más adecuadas para defender esos intereses, en función de las competencias y herramientas legales disponibles.
Qué establece la Ley de Tierras Rurales
La Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011, establece un régimen de protección de la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales, con límites a la titularidad extranjera. Entre sus disposiciones contempla un máximo general del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y departamental, además de otros mecanismos regulatorios.
Sin embargo, el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado por la administración de Javier Milei, dispuso la derogación de ese régimen y abrió una controversia judicial sobre los alcances de la desregulación.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en el foco de conflicto al intervenir con resoluciones directas sobre la Ley de Tierras. A fines de septiembre, la decisión revocó el fallo que había frenado el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y restableció sus efectos. De esa manera, volvía a quedar en vigencia la disposición que eliminó el régimen de restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Sin embargo, esta semana, la Corte dio marcha atrás sobre su decisión, suspendió el artículo del DNU 70/23 que derogaba la Ley de Tierra y restableció de manera provisoria las restricciones a la venta de tierras a extranjeros.
Respaldo jurídico y político a la defensa de la Ley de Tierras
El ministro de Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, se pronunció para destacar las gestiones llevadas adelante por el Ejecutivo provincial y afirmó que “la firme defensa de nuestra soberanía territorial, impulsada por el gobernador Passalacqua, fue clave para instalar este debate. Misiones se anticipó con acciones concretas y hoy la Corte vuelve a suspender la derogación de la Ley de Tierras. Defender lo nuestro es defender el futuro”.
La estrategia judicial para defender el territorio misionero también recibió el respaldo de Florencia Gómez Gallisi, especialista en Derecho Registral e Inmobiliario y primera directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, quien participó en la puesta en funcionamiento de la Ley 26.737. En declaraciones a Canal Doce, la profesional consideró que Misiones cuenta con fundamentos para intervenir en la controversia nacional y defender sus intereses territoriales.
Entre los argumentos, Gómez Gallisi recordó que el artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un principio relevante para fundamentar acciones orientadas a su protección. Además, distinguió entre la adquisición de propiedades individuales y la compra de grandes extensiones en zonas estratégicas, y señaló que Misiones participó activamente en los relevamientos previos a la implementación de la ley. Según los datos que mencionó, cerca del 10% de la superficie rural provincial estaría en manos extranjeras, por debajo del límite general del 15% previsto por la normativa.
expedientes paralelos, la Corte Suprema realiza una sesión de urgencia. Con los votos de Rosatti, Lorenzetti y dos conjueces (y la disidencia de Rosenkrantz), la Corte admite un recurso de la Asociación Civil Árbol de Pie y comunidades mapuches. El tribunal dispone la suspensión interina del artículo 154 del DNU, restableciendo de forma provisoria la Ley de Tierras debido a la sensibilidad del daño ambiental.
