La Justicia Federal de San Isidro procesó al exdiputado José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Además le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos y le prohibió salir del país. La resolución la firmó el juez federal Lino Mirabelli y marca un paso importante en un expediente que lleva meses en el centro de la escena política.
El magistrado también procesó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, a quien consideró partícipe necesario del delito de lavado y le fijó un embargo de 700 millones de pesos. Con esta decisión, la causa deja atrás la etapa de sospechas y entra en una fase de mayor definición judicial para los dos acusados.
El eje de la investigación es un pago de 200.000 dólares que Espert recibió en 2020 y que está ligado a Federico “Fred” Machado. El dinero salió de una empresa guatemalteca vinculada al empresario, y la Fiscalía sospecha que el contrato que lo respaldaba fue una maniobra simulada. La transferencia se registró el 22 de enero de 2020, a través de la firma Minas del Pueblo.
La defensa de Espert
En agosto, el exdiputado de La Libertad Avanza había presentado ante la Justicia un descargo de 141 páginas en el que pidió su sobreseimiento. Allí sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de asesoría a una empresa, firmado ante escribano y apostillado por el Estado argentino. La Fiscalía, en cambio, sospecha que ese acuerdo fue un montaje para blanquear fondos.
Espert también se defendió en su cuenta de X el 19 de agosto, donde escribió que el pago llegó a su cuenta y con su nombre en la referencia de la transferencia, en un solo giro y de banco a banco. Para sostener su postura, agregó: “El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”.
Sin embargo, la Justicia comprobó que Espert nunca viajó a Guatemala para prestar los servicios que figuraban en el contrato y que las minas de esa empresa no estaban operativas.
Un expediente con varios capítulos
La decisión de Mirabelli llegó apenas días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos planteos del exdiputado para frenar la investigación. Por un lado, los camaristas denegaron un pedido para anular las medidas de prueba que había solicitado el fiscal. Por el otro, no aceptaron la recusación del fiscal, que Espert había fundado en una supuesta “pérdida de objetividad” y en la “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.
Antes del procesamiento, el expediente ya había tenido movimientos fuertes. La causa nació de una denuncia del dirigente Juan Grabois, y en diciembre de 2025 el mismo juez ordenó congelar los bienes del exdiputado y de su entorno familiar, tras advertir irregularidades en las declaraciones juradas y omisiones en la valuación de algunos bienes.
Espert se negó a declarar en la indagatoria en los tribunales de San Isidro y dijo que las declaraciones ya las había hecho ante el juez. En agosto, un juez de Texas declaró culpable a Machado de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico, un fallo que los investigadores argentinos tomaron en cuenta para avanzar con la causa.
