El diputado provincial por La Libertad Avanza, Adrián Nuñez, presentó un proyecto de declaración en la Legislatura misionera para repudiar la persecución política ejercida contra el profesor Eduardo Cazenave. El docente, quien además se desempeña como profesor en la Escuela de Dirigentes de LLA, se vio forzado a renunciar a su puesto de trabajo tras haber participado en el debate público de iniciativas legislativas impulsadas por el bloque.
El hostigamiento comenzó luego de que, durante la semana del 19 de octubre, Cazenave explicara en la radio y ante la Comisión de Educación de la Legislatura una serie de proyectos referidos a la educación de gestión privada. Días después, el lunes 26, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEPM) solicitó a las instituciones donde el docente trabajaba un informe referido exclusivamente a su situación laboral. Esa misma jornada, comenzaron a circular en grupos de WhatsApp datos sobre sus cargos, su sueldo y descalificaciones personales, junto con la falsa versión de que Cazenave se oponía a que las escuelas privadas recibieran aportes del Estado.
Ante el temor de que este conflicto afectara la relación del Instituto Superior San Basilio Magno con el SPEPM —organismo del cual dependen los fondos, autorizaciones y trámites—, el docente se vio forzado a presentar su renuncia esa misma tarde. La situación se agravó a la mañana siguiente, cuando el director ejecutivo del organismo, Luis Alberto Bogado, se presentó en persona en la institución. Este acto resultó sumamente irregular, ya que el SPEPM realiza habitualmente controles documentales sin necesidad de acudir físicamente a las escuelas. Posteriormente, la carta de renuncia de Cazenave fue filtrada a la prensa sin su autorización.
El diputado Nuñez aclaró que los proyectos explicados por el docente no buscan eliminar aportes estatales, sino transparentar su distribución, evaluar aprendizajes y seleccionar educadores por mérito. Asimismo, subrayó que al profesor no se lo señala por su desempeño en las aulas, el cual nadie cuestionó, sino estrictamente por sus ideas.
«Se trata de principios que esta Legislatura tiene el deber de custodiar: la libertad política, la libertad de expresión, la libertad de enseñar y la garantía de que ningún trabajador de la educación sea perjudicado en su empleo a causa de sus ideas. En otras palabras, se trata de defender la libertad», sostuvo textualmente el diputado.
Respecto a la maniobra del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, Nuñez advirtió sobre el peligroso mensaje disciplinador que esta secuencia deja al resto del sistema educativo: «A las instituciones educativas les dice: no contraten a este docente ni a ninguno de los que piensan distinto, porque los estamos observando».
El legislador reclamó al titular del SPEPM, Luis Bogado. «Si el señor Bogado sabía lo que ocurría, debe asumir la responsabilidad que le cabe. Si no lo sabía, también, porque eso significa que no controla el organismo que conduce», sentenció.
Finalmente, Nuñez interpeló directamente al resto de la Cámara y exigió acompañamiento: «Esta Honorable Cámara no puede permanecer indiferente, porque frente a un hecho así el silencio también es una toma de posición. Quien no acompañe este proyecto estará avalando la persecución política de un docente por sus ideas».
