Diversas organizaciones políticas, sociales, ambientalistas y gremiales se movilizarán este martes a partir de las 16:00 horas hacia la sede de Tribunales para repudiar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que avala la entrega de suelo nacional y rechazar el DNU 70/23, normativa que habilita la extranjerización ilimitada de tierras rurales en la Argentina.
La convocatoria pública reunió las voces de los principales referentes sindicales y legislativos de la oposición, quienes en declaraciones ratificaron que el DNU 70/23 impulsado por el Gobierno nacional debe ser derogado por inconstitucional. En ese sentido, el secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, tildó de «grave» la resolución dictada por el máximo tribunal al advertir que, además de habilitar la venta ilimitada de superficies a capitales extranjeros, la sentencia invalidó el derecho de los excombatientes de Malvinas a entablar acciones judiciales contra el decreto.
«Parece ser que los excombatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra. Por eso estamos convocando a las puertas de Tribunales, allí donde anida esta cueva de la injusticia que está convalidando semejantes escenarios de entrega», fustigó el dirigente.
En sintonía con la protesta en el Palacio de Tribunales, las centrales obreras y la izquierda proyectan dar continuidad al plan de lucha en el ámbito legislativo. El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, confirmó que el próximo 15 de octubre se realizará una marcha conjunta hacia el Congreso de la Nación para exigir la derogación integral del DNU 70/23. Yasky detalló que desde los bloques opositores trabajan para reunir cuórum parlamentario para abordar tres ejes de urgencia: la declaración de emergencia para garantizar la continuidad de la Ley de Discapacidad, el endeudamiento y morosidad de las familias, y la nulidad definitiva del DNU del Poder Ejecutivo para frenar la extranjerización territorial y otros perjuicios sociales.
Por su parte, los diputados nacionales del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) se sumaron al enérgico repudio del fallo judicial. La legisladora Myriam Bregman remarcó que «la Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país» y cuestionó la intencionalidad política de la sentencia al señalar que no se trata de una simple medida cautelar sino de la cesión de «los jirones de soberanía sobre nuestro territorio».
En la misma línea, su compañero de banca, Nicolás del Caño, vinculó el reclamo por la tierra con el conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Del Caño exigió a las centrales sindicales la convocatoria a un paro nacional activo para la jornada del 15 de octubre, buscando masificar la marcha al Congreso e iniciar el camino hacia una huelga general que ponga freno al plan económico del presidente Javier Milei y sus aliados.
