Paraguay. Pedro Alliana asumió este viernes 6 de noviembre como nuevo presidente de Paraguay y anunció que su Gobierno buscará compensar a las personas afectadas por el colapso de Ueno Bank, la entidad financiera cuyo cierre desencadenó una crisis económica e institucional que terminó con la destitución de Santiago Peña.
El dirigente del Partido Colorado prestó juramento alrededor de las 19.48 ante el Congreso Nacional, pocas horas después de que el Senado aprobara la remoción de su antecesor por mal desempeño de sus funciones, con 44 votos a favor y una ausencia.
En sus primeras declaraciones como jefe de Estado, Alliana colocó la situación de los damnificados por el escándalo bancario entre las prioridades de su administración y prometió respuestas concretas.
“El primer deber de un gobernante es mirar la necesidad de su pueblo. Todos los que sufren a consecuencia de un descalabro financiero serán compensados. No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión”, expresó el flamante mandatario.
El anuncio representa uno de los primeros compromisos públicos de Alliana desde su llegada a la Presidencia, en un escenario marcado por las protestas de ahorristas, la incertidumbre sobre los depósitos bloqueados y las investigaciones por presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos.
Por el momento, no se dieron a conocer los mecanismos específicos que utilizará el nuevo Gobierno para concretar las compensaciones anunciadas, ni los plazos y alcances de las eventuales medidas.
Una nueva etapa tras la destitución de Santiago Peña
La asunción de Alliana se produjo después de dos jornadas de intensos debates parlamentarios que culminaron con la destitución de Santiago Peña.
El jueves, la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad la acusación contra el mandatario, en el marco del juicio político iniciado por las presuntas responsabilidades de su Gobierno en el colapso de Ueno Bank.
Peña intentó abandonar el cargo mediante una renuncia presentada ese mismo día, pero el Congreso no llegó a aceptarla formalmente y decidió continuar con el proceso.
Durante la jornada del viernes, sus abogados cuestionaron los plazos otorgados para preparar la defensa y denunciaron presuntas vulneraciones de las garantías constitucionales.
Sin embargo, el Senado admitió las pruebas presentadas por los legisladores acusadores y avanzó con la votación definitiva.
Finalmente, la Cámara Alta resolvió destituir a Peña con 44 votos favorables, incluidos los de senadores del oficialista Partido Colorado.
La decisión puso fin anticipadamente al Gobierno que había comenzado el 15 de agosto de 2023 y habilitó la sucesión presidencial prevista por la Constitución.
Alliana había reclamado priorizar a los ahorristas
La promesa de compensar a los afectados se encuentra en línea con los planteos que Pedro Alliana había formulado durante los días previos, cuando todavía se desempeñaba como vicepresidente.
El martes 3 de noviembre, luego de que el Banco Central del Paraguay iniciara el procedimiento de resolución de Ueno Bank, el dirigente colorado difundió un comunicado en el que exigió medidas urgentes para proteger a los depositantes.
En aquella oportunidad, pidió a las autoridades monetarias actuar con firmeza y celeridad, además de determinar las responsabilidades por las irregularidades denunciadas.
También había manifestado preocupación por los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) depositados en la entidad financiera y por la situación de los jubilados y trabajadores afectados.
Ahora, ya como presidente, Alliana elevó ese reclamo a un compromiso de compensación para quienes sufrieron las consecuencias del colapso bancario, aunque todavía resta conocer cómo se implementará.
El colapso de Ueno Bank, principal desafío del nuevo Gobierno
La crisis de Ueno Bank comenzó a principios de esta semana, cuando el Banco Central del Paraguay anunció un procedimiento de resolución de la entidad debido a graves dificultades financieras.
La medida dejó a aproximadamente tres millones de clientes con restricciones para acceder a sus depósitos y provocó una fuerte reacción social.
Las investigaciones también alcanzaron a las operaciones realizadas con recursos públicos, particularmente los fondos pertenecientes al Instituto de Previsión Social y otros organismos estatales.
Durante el juicio político, los legisladores acusadores cuestionaron las decisiones adoptadas por el Gobierno de Peña y las autoridades regulatorias, así como los vínculos del exmandatario con el grupo empresarial relacionado con el banco.
En paralelo, la Fiscalía abrió investigaciones penales para determinar eventuales responsabilidades por los perjuicios económicos denunciados.
Según información difundida este viernes por autoridades del Banco Central, comenzaron los primeros pagos anticipados de garantías a depositantes afectados por el cierre.
Sin embargo, la recuperación de los fondos y la definición de las responsabilidades continúan entre los principales asuntos pendientes.
