Posadas. En un contexto de creciente preocupación por amenazas en instituciones educativas de Misiones, este martes se llevaron a cabo dos procedimientos en la ciudad de Posadas que buscan esclarecer el origen de los mensajes intimidatorios.
Amenazas en escuelas de Posadas: investigan el origen y secuestran celulares
Los operativos se realizaron en la Escuela de Comercio N° 6 y en un domicilio del barrio Villa Cabello, donde las autoridades procedieron al secuestro de dispositivos móviles que serán sometidos a peritajes informáticos. El objetivo es avanzar en la identificación de los responsables de las amenazas, muchas de las cuales circularon a través de redes sociales y generaron alarma en la comunidad educativa.
Las actuaciones fueron encabezadas por personal especializado de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) del Ministerio Público, en conjunto con efectivos de la Comisaría Primera y Séptima de la Policía de Misiones. Los procedimientos se realizaron en cumplimiento de una orden judicial emitida por la jueza Correccional y de Menores, Marcela Alejandra Leiva, con intervención del fiscal especializado en ciberdelitos, Juan Pablo Espeche.
Desde el Ministerio Público remarcaron que este tipo de hechos no constituyen bromas ni desafíos virales, sino conductas que pueden configurar delitos penales. En ese sentido, advirtieron que, aun cuando se realicen de forma anónima, las amenazas dejan rastros digitales que permiten avanzar en la identificación de sus autores.
Asimismo, señalaron que estos mensajes generan un fuerte impacto en la comunidad, afectando la salud emocional de estudiantes, docentes y familias, además de movilizar recursos policiales y judiciales que deben destinarse a situaciones reales de emergencia.
En cuanto al encuadre legal, se recordó que las amenazas pueden ser reprimidas con penas de hasta tres años de prisión. En tanto, la intimidación pública cuando se busca infundir temor generalizado puede alcanzar penas de hasta seis años, e incluso superiores en casos agravados.
Escuelas en alerta en Misiones: investigan mensajes intimidatorios en redes
Finalmente, las autoridades destacaron que, en el caso de que los responsables sean menores de edad, además de la posible intervención de la Justicia, los padres o tutores podrían enfrentar acciones civiles por los daños ocasionados y los costos derivados de los operativos de seguridad.
Desde los organismos intervinientes reiteraron el llamado al uso responsable de las redes sociales, subrayando que este tipo de conductas tiene consecuencias reales y es objeto de investigación judicial.
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