ANDIS recurrió la cautelar y no reintegrará pensiones no contributivas de Misiones

Había grandes expectativas de que con la cautelar que presentó la provincia de Misiones ante la Justicia, el Gobierno nacional restituyera pensiones no contributivas a cuatro misioneros. En estos casos, los beneficiarios denunciaron procesos irregulares y falta de notificaciones para acceder a las auditorías.

El proceso judicial se anunció en conferencia de prensa el pasado 18 de septiembre, con el objetivo de que Emilio Mauro, apostoleño cuya historia se  pudo conocer de primera mano; Wilson Toniolo (Candelaria), Marcos Javier Pereira Duarte (Garupá) y Claudia Belén Romero (San José) pudieran recuperar sus pensiones.

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Postales de las jornadas de auditorías que se realizaron en Misiones entre agosto y septiembre: largas filas de espera, beneficiarios descompensados, entre otros problemas.

Sin embargo, recientemente el Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), apeló esa cautelar y decidió no restituir los beneficios a este grupo de misioneros. La novedad la confirmó el abogado patrocinante del caso, Luis Oudin, Radio UP.

El expediente actualmente está en la Fiscalía del Juzgado Federal de primera instancia Civil, Comercial, Laboral y Contencioso administrativo de Posadas, para que se resuelva la competencia del caso. Una vez recibido dictamen, la cautelar podrá ser tratada y resuelta en la Cámara Federal de Apelaciones. 

Sería este el paso definitorio para resolver si los misioneros denunciantes recuperarán sus pensiones o si seguirán suspendidas.

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Auditorías en San Ignacio.

Auditorías a pensiones defectuosas

Cuando se presentó la cautelar, Oudin se refirió al «procedimiento defectuoso» de las auditorías que motivaron a presentar este recurso: no se notificó a las personas sobre las mismas, aunque el Estado nacional sí tenía los datos correctos para las bajas de las correspodientes pensiones.

Esto, en su opinión, demostró que el Estado «tenía cómo notificarlos para las auditorías», por lo que la falta de notificación para esas citas constituyó una vulneración de sus derechos. El proceso incluyó la presentación de documentos médicos que acreditan la situación de los demandantes y su dependencia de este ingreso.

Dos de los beneficiarios de la pensión padecen de retraso madurativo, uno tiene un cuadro grave de epilepsia y el cuarto sufre de la inmovilidad total del cuerpo.