La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución y publicidad de todos los productos domisanitarios de la marca Química Spegazzini. La medida se tomó luego de que se detectara la venta de un detergente sin registro sanitario y se recibió una denuncia por quemaduras en las manos de un usuario.
El caso llegó a la ANMAT tras una denuncia presentada ante el Servicio de Domisanitarios, donde el afectado informó que un limpiador de la marca le provocó lesiones en la piel. Además, expresó dudas sobre la legalidad de los demás productos comercializados bajo esa marca.
El denunciante aportó una fotografía del envase y una factura de compra fechada el 24 de julio de 2024, emitida a nombre de la empresa PRASSEDE S.A. GUERRIN, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto permitió a la ANMAT confirmar que el producto circulaba entre distintas jurisdicciones.
La investigación ratificó que ni la empresa ni sus productos cuentan con la inscripción correspondiente ante el organismo nacional. Además, la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires confirmó la falta de registros para el “DETERGENTE ECO” en esa jurisdicción. Cuando la ANMAT notificó la prohibición a la empresa, no recibió respuesta.
El documento oficial detalla que la empresa incumplió varias normativas vigentes al vender productos domisanitarios sin la habilitación obligatoria. Por tal motivo, la ANMAT ordenó prohibir el uso, venta, distribución y publicidad de todos los productos bajo el nombre Química Spegazzini, incluyendo el detergente ECO de 5 litros y todas sus presentaciones.
A su vez, la ANMAT inició un sumario sanitario a la empresa por presunto incumplimiento de la normativa destinada a garantizar la seguridad de los productos comercializados. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y afecta a la empresa con sede en Carlos Spegazzini, Buenos Aires.
ANMAT dispuso comuniar a las provincias la prohibición del detergente
Además, se dispuso comunicar esta prohibición a las autoridades sanitarias provinciales y a distintas áreas del Ministerio de Salud. La decisión busca proteger a los consumidores frente a la falta de garantías sobre la fabricación y calidad de los productos implicados.
