Córdoba resolvió destinar $2.000 millones de pesos de emergencia para sostener a más de 300 organizaciones que brindan servicios de discapacidad. Muchas de ellas están al borde del cierre por el incumplimiento del Gobierno nacional.
La decisión fue anunciada por la Secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, quien sostuvo que “el gobierno nacional ha hecho del abandono sistemático en la discapacidad una forma de exterminio social”.
Los fondos surgen de una reconversión de partidas del programa Córdoba Sostiene y se suman a los $130.000 millones que la provincia ejecutó en 2025 en políticas de discapacidad. El dinero apunta a evitar el cierre inmediato de fundaciones y asociaciones que en muchos casos son el único sistema de atención disponible en el interior provincial.
“Frente al abandono de la Nación, nosotros no vamos a dejar a las familias”, afirmó Montero. La funcionaria explicó que hace 15 días el gobernador Martín Llaryora recibió a representantes de 20 instituciones que le advirtieron que estaban a punto de cerrar. “El gobernador anunció una emergencia alimentaria de 450 millones para estas instituciones”, indicó.
La respuesta frente al abandono nacional
Tras revisar las partidas con Finanzas, la decisión final fue destinar $2.000 millones. “El gobernador dispuso estos fondos para que literalmente no cierren frente al incumplimiento de la ley nacional que sancionó dos veces el Congreso”, subrayó y expresó que “no es una decisión administrativa. Es una decisión ética frente a este abandono sistemático que toma forma de exterminio social que hace el gobierno nacional”.
Recordó que en el censo 2022 había en Córdoba 1.302.000 personas sin cobertura social y que hoy ese número trepó a 1.700 millones. “Eso cae al sistema público de salud como efecto de la caída del empleo y de que la clase media que pagaba una prepaga hoy no la puede pagar”, explicó.
En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM) advirtió que “el sector que retira medicamentos de los hospitales públicos, hoy está en el top 10 las personas que tienen cobertura de PAMI porque la obra social se ha retraído”.
Sobre el equilibrio fiscal que pregona la Nación, Montero utilizó una analogía directa: “Es como en una casa donde uno dice ‘yo tengo que ahorrar’ y entonces no paga la luz, no paga el gas, no manda los chicos al colegio. Claro, a fin de mes tiene superávit. Eso es lo que hace el Gobierno nacional”.
La urgencia de sostener servicios básicos
La funcionaria también denunció que el programa Incluir Salud acumula una deuda importante con los prestadores. Relató el caso de una mujer de una organización de Arroyito que le dijo llorando: “Estoy por cerrar. Es la única institución entre San Francisco y Córdoba, 120 personas con discapacidad, desde octubre que no le paga Incluir Salud”.
Montero señaló un patrón ya observado en relación al PAMI: “Cada vez que hay un reclamo, ellos descubren un fraude. Salimos por las vacunas, aparecen las vacunas. Salimos a decir que Incluir Salud no paga, ojalá empiece a pagar. Pero acá el único fraude que se descubrió hasta ahora es el de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que todavía se está investigando”.
La ministra aclaró que Córdoba no recibió en dos años ningún aporte extraordinario del Tesoro Nacional, más allá de la coparticipación. “El esfuerzo que la provincia hace es de rentas generales, porque este es un fondo especial. La decisión que toma el gobernador es no tocarlo para no salirse del objetivo que es incluir laboralmente a las personas con discapacidad”, explicó.
Finalmente, Montero cerró con una advertencia política: “Córdoba está diciendo: nosotros hemos parado algunas obras públicas que pensábamos hacer porque no nos alcanza para sostener la cuestión social. Hay un límite, porque hay un límite en la responsabilidad del Estado. La función del Estado nacional es tan responsable como la del Estado provincial”.
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