El Gobierno argentino presentó este jueves ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York un recurso formal para apelar el fallo de la jueza Loretta Preska que exige la entrega del 51 % de las acciones estatales de YPF al fondo Burford Capital. La decisión —que fue dictada por Preska a fines de junio— imponía un plazo de 14 días para depositar las acciones en custodia en el Bank of New York Mellon y transferirlas inmediatamente a los demandantes.
La apelación se presentó incluso antes de que Preska decidiera sobre el pedido de suspensión del fallo (“stay”), solicitado por la defensa argentina. El escrito, suscripto por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, sostiene que ejecutar la orden violaría la legislación nacional y causaría daños irreparables al país, además de perjudicar a terceros como provincias y bonistas.
Argentina recalca que el fallo de Preska es “sin precedentes” y que una ejecución inmediata contravendría normas locales que impiden transferir acciones de YPF sin autorización del Congreso, lo que lo convierte en una voluntad política imposible de cumplir sin una reforma legal.
La demanda se originó en 2015, tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el fondo Petersen Energia Accionó judicialmente por violación del estatuto societario que exigía ofrecer la recompra a todos los accionistas. Burford Capital compró esos derechos y, con la sentencia que ya supera los USD 16.000 millones —más intereses que acumulan unos USD 2,5 millones diarios—, ahora reclama el control del paquete accionario de la petrolera.
Tras conocerse el fallo, las acciones de YPF perdieron hasta un 8 % en Wall Street, mientras que las de Burford se dispararon alrededor de un 20 % en Londres.
El Gobierno de Javier Milei, respaldado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su argumentación sobre inmunidad soberana, apelará la sentencia—y, si la Corte no revierte la decisión, también se reserva la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de ese país
