La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sorprendió al reactivar el caso Alberto Nisman con una hipótesis que generó fuerte impacto institucional y político. Durante una exposición en el Rotary Club de Buenos Aires, la magistrada habló sobre investigaciones complejas, credibilidad judicial y corrupción, pero al final de la charla dejó instalada una declaración que corrió el eje hacia un terreno mucho más sensible.
“Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio”, afirmó. Sin embargo, enseguida agregó una frase que vinculó a supuestos partícipes del crimen con sectores de inteligencia y empresas ligadas al desarrollo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), además de funcionarios del Gobierno actual.
La jueza no dio nombres ni presentó pruebas durante la conferencia, tampoco precisó a qué funcionarios se refería ni qué empresas entrarían en esa hipótesis. La declaración quedó ubicada en el terreno de una exposición pública de fuerte impacto, pero sin respaldo documental expuesto ante los asistentes.
El expediente judicial considera actualmente que la muerte de Nisman fue un homicidio. El fiscal apareció muerto en enero de 2015, pocos días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento en la causa AMIA a través del Memorándum con Irán. Para Arroyo Salgado, el crimen de Nisman constituye “el acontecimiento de mayor impacto institucional” desde el regreso de la democracia, una caracterización que le dio espesor político a la hipótesis planteada.
Nuevos cuestionamientos sobre el avance de la investigación
La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Taiano, con coordinación del auxiliar fiscal Hernán Kleiman, en una dependencia especial fuera de Comodoro Py. La hipótesis central apunta a la intervención de sectores de inteligencia militar que habrían actuado por fuera de sus funciones legales tras la denuncia presentada por Nisman. En la causa está procesado Diego Lagomarsino, el técnico informático que le entregó al fiscal la pistola Bersa calibre 22 con la que se efectuó el disparo.
Lagomarsino siempre sostuvo que Nisman le pidió el arma por seguridad, aunque la fiscalía reconstruyó que la comunicación inicial partió de él y no de la víctima. Tras las declaraciones de Arroyo Salgado, reconoció que mantuvo contactos con YCRT, explicó que fue convocado por el área de sistemas de la empresa para evaluar posibles soluciones tecnológicas, pero aclaró que no llegó a realizar ningún trabajo. “No se concretó el trabajo, no llegamos a un acuerdo”, dijo, y agregó: “Es una idea que nada que ver”.
Corrupción, Justicia y narcotráfico en el centro del debate
Por otro lado, cuestionó con dureza el funcionamiento institucional del país y sostuvo que la corrupción en la Argentina es “estructural”. “La corrupción es estructural y no escapa a los tres poderes del Estado. Es de orden público, pero también de la sociedad civil”, afirmó y agregó: “Detrás de un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe”.
Según la magistrada, esa trama “no escapa a ningún color político y a ningún Gobierno”. Desde ese diagnóstico, apuntó contra la capacidad del sistema judicial para responder frente al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y los delitos complejos. “El gran desafío es combatir la corrupción endémica y estructural que tenemos”, señaló. También sostuvo: “Con los índices de corrupción que hay en la Justicia, deberían ser muchos más los magistrados sometidos a procesos de investigación y removidos”.
La jueza reclamó más controles y transparencia institucional
Uno de los tramos más duros de la conferencia estuvo dirigido al Consejo de la Magistratura, al que definió como un “elefante burocrático”. “El Consejo de la Magistratura es como un elefante burocrático que difícilmente llega a tomar decisiones en tiempo y forma respecto del magistrado que no está haciendo bien su trabajo”, afirmó. Asimismo, planteó que el Servicio Penitenciario bonaerense debería pasar de la órbita de Justicia a la de Seguridad. “Eso es seguridad pública”, sostuvo.
Además, contó que le envió una comunicación al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, para reclamar medidas contra las extorsiones telefónicas desde las cárceles. “En el sistema bonaerense hay detenidos con líneas declaradas y las llamadas extorsivas suceden justamente desde esas líneas”, advirtió. Con ese ejemplo, buscó mostrar cómo la corrupción y la falta de control atraviesan también al sistema penitenciario.
Durante el cierre, Arroyo Salgado defendió la necesidad de que el Poder Judicial comunique con mayor claridad su trabajo ante la sociedad. “La Justicia debe informar sobre aquellos casos que conmueven a la sociedad y generan dudas”, planteó. La frase más resonante, sin embargo, quedó instalada unos minutos después, cuando volvió a mirar hacia los servicios de inteligencia y trazó una línea hacia Río Turbio y hacia funcionarios del Gobierno actual, sin nombres propios ni documentación pública que permita medir hasta dónde llega esa pista.
