La investigación judicial contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito atraviesa un momento determinante. Este lunes prestarán declaración como testigos Graciela Molina y Victoria Cancio, madre e hija, señaladas como acreedoras en una de las operaciones inmobiliarias bajo análisis.
Ambas mujeres deberán comparecer ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca esclarecer el origen de los fondos utilizados en la adquisición de propiedades por parte del funcionario.
Hipotecas, préstamos y dudas sobre el origen del dinero
La causa gira en torno a una serie de operaciones que incluyen la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y otro inmueble en Parque Chacabuco. Según la investigación, Adorni habría recibido un financiamiento de 100.000 dólares mediante una hipoteca privada, con Molina aportando el 85% y Cancio el 15%.
El acuerdo habría sido pactado con una tasa del 11% anual y devolución en cuotas. Sin embargo, la Fiscalía intenta determinar si este esquema fue real o si se utilizó para encubrir el origen de los fondos.
Más testigos y levantamiento del secreto fiscal
El expediente también incluye a otras dos mujeres, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes vendieron el departamento de Caballito. Ellas declararán el miércoles y deberán presentar pruebas digitales y documentación financiera, ya que la Justicia levantó el secreto fiscal sobre las cuatro testigos.
Entre las medidas ordenadas, se dispuso que permitan el acceso al contenido de sus teléfonos celulares, incluyendo mensajes, audios y correos electrónicos vinculados a las operaciones investigadas.
Además, se solicitó a organismos fiscales información detallada sobre sus ingresos, bienes y capacidad económica, con el objetivo de verificar si estaban en condiciones de otorgar los préstamos o financiamientos declarados.
El rol de la escribana y la versión de las operaciones
La escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en las transacciones, sostuvo que no existieron préstamos en efectivo, sino que se trató de un esquema de financiación directa entre privados, algo habitual en el mercado inmobiliario.
No obstante, la Fiscalía mantiene dudas sobre la trazabilidad del dinero y la valuación de los inmuebles, ya que el precio declarado del departamento estaría por debajo de los valores de mercado.
Una causa en etapa decisiva
Con las declaraciones de esta semana, la investigación busca avanzar en la reconstrucción del circuito financiero de las operaciones y determinar si existió una inconsistencia entre los ingresos declarados y el patrimonio del funcionario.
El expediente podría definir en los próximos días si se profundizan las imputaciones o si se descarta la existencia de irregularidades en las maniobras analizadas.
