El diputado provincial Héctor “Cacho” Bárbaro, del Partido Agrario y Social (PAyS), presentó en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de resolución para crear una comisión especial encargada de controlar el destino de los recursos públicos que recibe la Fundación Parque de la Salud “Dr. Ramón Madariaga”, uno de los organismos con mayor presupuesto de la administración provincial.
La iniciativa, ingresada el 8 de octubre bajo el expediente D-71500-26, propone constituir una Comisión Especial de Seguimiento y Control de los Aportes del Estado Provincial, integrada por siete diputados designados por la Presidencia de la Cámara, con representación de todos los bloques parlamentarios.
El planteo de Bárbaro se concentra en la magnitud de los recursos que administra la Fundación y en lo que considera una ausencia de mecanismos suficientes de fiscalización legislativa sobre su utilización.
Según expone el legislador en los fundamentos de su proyecto, el Presupuesto provincial 2027 asigna al Parque de la Salud 617.553 millones de pesos, equivalentes aproximadamente a 411 millones de dólares. Se trata, sostiene, de la segunda partida más importante del Estado provincial, superada únicamente por las correspondientes al Consejo General de Educación y al Instituto de Previsión Social.
En términos presupuestarios, el monto representa aproximadamente uno de cada diez pesos que administra la Provincia.
Cuestionamientos al sistema de control
Bárbaro sostiene que, pese a semejante volumen de recursos, la Fundación Parque de la Salud no comparece ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura durante el tratamiento de las previsiones anuales, a diferencia de otros organismos públicos.
En ese sentido, recuerda que durante el debate del Presupuesto 2027 el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, señaló públicamente que su cartera no tiene injerencia sobre esa repartición.
Para el diputado opositor, esta situación plantea un problema institucional, ya que considera que el organismo administra recursos públicos sin someterse a los mismos controles legislativos que otras dependencias del Estado.
El proyecto también cuestiona el régimen jurídico bajo el cual funciona la Fundación. Bárbaro señala que la Ley XVII Nº 70, sancionada en 2010, le otorgó autonomía financiera y la exceptuó de la obligación de realizar licitaciones o concursos de precios para sus contrataciones.
Según su interpretación, esa autonomía, concebida originalmente para agilizar la gestión sanitaria, terminó configurando un sistema de contrataciones directas con controles insuficientes.
Contratos y proveedores bajo la lupa
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto aparece en los cuestionamientos a las relaciones comerciales entre la Fundación y determinadas empresas proveedoras.
En los fundamentos, Bárbaro menciona el caso de la firma Alegremed y sostiene que existirían vinculaciones empresariales con sectores cercanos al poder político. También hace referencia a un supuesto esquema de facturación mediante Atmedo SRL, cuyos montos, afirma, no fueron informados públicamente.
El legislador incluye entre los proveedores mencionados a Droguería San Miguel, Gempro, Atmedo SRL y Medical Group, y cuestiona la falta de información pública accesible sobre los importes contratados, los criterios de selección y las condiciones de esas relaciones comerciales.
Se trata de señalamientos formulados por Bárbaro en los fundamentos de su iniciativa, que no constituyen por sí mismos una acreditación de irregularidades o responsabilidades de las empresas mencionadas.
Otro punto que plantea el diputado es el sistema de facturación por cápitas que, según sostiene, utiliza la Fundación con algunos prestadores.
Bárbaro advierte que este mecanismo permitiría facturar sobre una cantidad previamente determinada de personas, independientemente de los servicios efectivamente prestados. A su entender, la ausencia de controles externos adecuados sobre ese sistema podría generar riesgos para la correcta utilización de los fondos públicos.
El proyecto no incorpora una auditoría que demuestre desvíos de recursos, sino que reclama precisamente la creación de un mecanismo legislativo para examinar esas operaciones.
Una comisión con representantes de todos los bloques
La propuesta establece que la comisión especial tenga como función realizar el seguimiento, análisis y control del destino y utilización de los aportes que el Estado provincial efectúa a la Fundación Parque de la Salud.
Sus siete integrantes serían designados por la Presidencia de la Cámara de Representantes, garantizando la participación de los distintos bloques políticos.
En caso de aprobarse, la resolución abriría una instancia específica de fiscalización parlamentaria sobre uno de los presupuestos más importantes del sector público provincial.
Bárbaro aclara en su presentación que el pedido de control no implica desconocer los resultados sanitarios alcanzados por el Parque de la Salud, particularmente en áreas como oncología, oftalmología y trasplantes, que han beneficiado a miles de pacientes misioneros.
Sin embargo, considera que la calidad de los servicios médicos no debe utilizarse como argumento para excluir del escrutinio legislativo la administración de los recursos.
“El dinero que administra la Fundación es dinero de todos los misioneros, y esta Cámara tiene el deber de ejercer el control institucional que le corresponde sobre su uso”, sostiene el diputado en los fundamentos de su iniciativa.
El proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente antes de que pueda constituirse la comisión solicitada. Por el momento, la presentación representa un nuevo planteo opositor sobre los mecanismos de transparencia y fiscalización de la Fundación Parque de la Salud, esta vez con el foco puesto en sus 617.553 millones de pesos presupuestados para 2027 y en las condiciones bajo las cuales se contratan bienes y servicios.
