Candelaria. El concejal de esta localidad Claudio Ponce presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante mediante el cual solicita al Ejecutivo municipal que informe si vehículos oficiales, personal y otros recursos públicos fueron utilizados durante un operativo realizado en un inmueble del barrio Belgrano, donde una familia denunció haber sido víctima de una usurpación.
La iniciativa surgió luego de que los propietarios del terreno se comunicaran con él para exponer la situación. Tras recorrer el lugar, aseguró haber constatado un escenario que calificó como preocupante y sostuvo que “la hermana del intendente, los sobrinos y el esposo, que sería el cuñado del intendente, usurparon un lugar con prepotencia, con golpes a un señor de 68 años que estaba al cuidado del lugar”.
Ponce afirmó que las propietarias acreditaron la posesión del inmueble con la documentación correspondiente. En ese sentido, remarcó que “exhiben el título, Rentas y todos los papeles al día”, por lo que puso en duda la validez del boleto de compraventa que, según trascendió, habría sido firmado por una persona que no sería la titular del terreno. Para el edil, “no tiene validez el boleto de compra-venta”.
El foco puesto en el uso de bienes públicos
Más allá del conflicto por la propiedad, el principal cuestionamiento del concejal apunta al presunto uso de recursos municipales durante el procedimiento.
De acuerdo con su relato, vecinos del barrio le manifestaron que durante el operativo observaron la presencia de camiones pertenecientes a la Municipalidad de Candelaria y a la cooperativa COSCAL. “Lo más feo fue que cuando me apersono al lugar, esta gente y los vecinos afirman que había camiones de la Municipalidad y camiones de la cooperativa COSCAL”, sostuvo.
Incluso, denunció que “usaron móviles de la cooperativa para sacar a esa persona del lugar”, motivo por el cual impulsó un pedido de informes con diez preguntas dirigidas al Ejecutivo.
El objetivo, explicó, es conocer si efectivamente hubo movimiento de vehículos oficiales y bajo qué autorización se produjo. “Que expliquen si hubo movimiento de móviles de la Municipalidad de Candelaria, por qué hubo y si salieron o no de Obras Públicas”, reclamó.
Críticas al Ejecutivo por la falta de respuestas
Durante la entrevista, Ponce cuestionó además la relación entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, al señalar que numerosos pedidos de informes continúan sin respuesta desde el inicio de la actual gestión.
El edil afirmó que desde diciembre de 2023 viene solicitando información vinculada al parque automotor, al personal municipal y a distintas áreas de gobierno, aunque aseguró que “el Ejecutivo nunca contesta, nunca contestó nada, nunca le importa nada”.
En esa línea, recordó que la legislación obliga al municipio a responder los requerimientos formulados por el cuerpo deliberativo y sostuvo que “nosotros estamos esperando que contesten porque por ley corresponde que lo hagan”, al tiempo que consideró que a la administración comunal “aparentemente no le gusta que le pregunten las cosas ni que hagamos nuestro rol de Concejo Deliberante”.
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También volvió a cuestionar una obra hotelera
Consultado sobre otro tema que genera controversia en Candelaria, Ponce se refirió a la construcción de un emprendimiento hotelero sobre el camino de Sirga y aseguró que tampoco obtuvo respuestas a los pedidos de informes presentados.
Según relató, los responsables de la obra y funcionarios municipales aseguraron que contaban con autorización para avanzar con los trabajos, aunque “quedaron en presentar los papeles en el Concejo Deliberante, pero nunca presentaron nada”.
El concejal sostuvo que la habilitación municipal no alcanza para ese tipo de emprendimientos, ya que “la autorización municipal sola no sirve” y recordó que el Ministerio de Ecología clausuró la obra en cuatro oportunidades por carecer de las autorizaciones provinciales correspondientes.
En ese contexto, cuestionó la falta de controles y aseguró haber planteado personalmente la situación ante funcionarios provinciales. “Le dije al ministro que podía hablar con el ministro de Seguridad para que ponga un policía ahí. No es tan difícil”, afirmó.
Finalmente, insistió en que tanto el conflicto por el terreno como la situación de la obra deben ser esclarecidos mediante respuestas oficiales y remarcó que continuará utilizando las herramientas institucionales del Concejo. “Hoy me toca hacer mi función de concejal opositor”, concluyó, y advirtió: “Van a tener que contestar porque la ley exige eso”.
