El diputado provincial Cristian Castro fue citado a prestar declaración testimonial este lunes 26 de octubre, a las 8 horas, ante el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Posadas, en el marco de la denuncia penal que presentó contra el exdirector de la Escuela N.º 733 de San Vicente, Juan Carlos Kategora, por presunta defraudación al Estado y falsedad ideológica reiterada.
El legislador del Partido Agrario y Social (PAyS) se presenta ante la Justicia para prestar declaración testimonial en una causa que tomó trascendencia nacional luego de conocerse que Kategora había acumulado, según la documentación difundida, 3.363 días de licencia durante aproximadamente 18 años, mientras también figuraba vinculado laboralmente a la empresa estatal Energía de Misiones (EMSA).
La denuncia penal fue presentada por Castro el pasado 13 de agosto, solicitando que se investiguen las licencias otorgadas, los haberes percibidos, la posible incompatibilidad laboral y las responsabilidades de quienes intervinieron en la autorización y el control de esas ausencias.
El caso tuvo una fuerte repercusión en medios nacionales como TN, Infobae y Canal 26, que abordaron las irregularidades denunciadas, los viajes al exterior del exdirector y los interrogantes sobre el funcionamiento de los organismos de control de la administración pública provincial.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es determinar si Kategora percibió remuneraciones de manera indebida y si existieron irregularidades en la documentación utilizada para justificar sus licencias. También se solicitó investigar su situación laboral en EMSA y requerir información a la Dirección Nacional de Migraciones para establecer si realizó viajes internacionales durante los períodos en los que se encontraba de licencia.
La investigación no debe limitarse al exdirector. Castro planteó desde el inicio la necesidad de establecer qué funcionarios y agentes públicos intervinieron durante todos estos años en la tramitación, autorización y renovación de las licencias, y si existieron omisiones o responsabilidades que permitieron sostener esta situación.
El Consejo General de Educación inició actuaciones administrativas y posteriormente solicitó intervenir como querellante en la causa penal. Sin embargo, el legislador considera fundamental que la investigación judicial avance para esclarecer los hechos y determinar si existió un perjuicio económico para el Estado provincial.
La citación judicial constituye un nuevo paso en el expediente N.º 141453/2024, vinculado con la denuncia N.º 251/2026, que tramita ante el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Posadas.
Para Castro, el caso excede la situación individual de un funcionario educativo y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control del Estado.
«Acá no estamos hablando solamente de un director que acumuló miles de días de licencia. Estamos hablando de recursos públicos, de controles que pudieron haber fallado durante años y de responsabilidades que deben investigarse. Mientras miles de docentes misioneros hacen enormes esfuerzos para sostener la educación con salarios insuficientes, no podemos permitir que existan privilegios ni situaciones irregulares que perjudiquen al Estado», expresó Castro.
El diputado remarcó que su presentación judicial tiene como objetivo que se esclarezcan los hechos y que se determinen las responsabilidades que correspondan, respetando las garantías del proceso.
«La renuncia de Kategora no puede significar el cierre del caso. La Justicia tiene que investigar hasta el final, establecer si hubo un perjuicio económico y determinar quiénes permitieron que esto ocurriera. Los recursos del Estado son de todos los misioneros y nadie puede estar por encima de la ley», concluyó.
