Causa ANDIS: el exnúmero 2 del organismo, Daniel Garbellini, negó las acusaciones y responsabilizó a Diego Spagnuolo

En el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, el exnúmero dos del organismo, Daniel Garbellini, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones en su contra y apuntó contra Diego Spagnuolo, a quien responsabilizó por las decisiones clave sobre compras de medicamentos y manejo del sistema interno.

Daniel Garbellini, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentó un informe ante la Justicia en el que rechazó todos los delitos que se le imputan y aseguró que Diego Spagnuolo, entonces titular del organismo, era quien concentraba las decisiones y el acceso completo a la información vinculada a las contrataciones y pagos de medicamentos.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por presuntos sobornos en la adquisición de medicamentos. En su defensa, explicó cómo asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024 y sostuvo que sus funciones se limitaron a la gestión del programa Incluir Salud, orientado a brindar asistencia médica a personas con discapacidad sin cobertura social.

Según afirmó, no tenía poder de decisión sobre las bajas de pensiones a los beneficiarios ni sobre la adquisición de medicamentos administrados por la ANDIS, responsabilidades que atribuyó de manera directa a Spagnuolo. “Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios y empleados éramos usuarios del sistema, quedando sólo en manos de la Dirección Ejecutiva la administración del sistema con acceso pleno e irrestricto a toda la información, para dar publicidad y conocimiento público tanto de los procesos de las compulsas como de los pagos de las contrataciones de la ANDIS”, señaló en su escrito.

En ese sentido, remarcó: “No se encontraba dentro de mis facultades dar acceso a la información de estos procesos. Si por algún motivo, el Director Ejecutivo, decidió no abrir las contrataciones de la ANDIS al control y acceso público, pudiendo hacerlo, ello escapaba de mi responsabilidad y actuación”.

En otro tramo del documento, Garbellini sostuvo que carecía de margen para impulsar cambios estructurales dentro del organismo. “Nunca tuve el poder de realizar transformaciones de fondo, a pesar de habérselas sugerido al Director Ejecutivo en diferentes oportunidades, su respuesta siempre era la misma ‘esto se hace así desde siempre, todo acá es por urgencia’”, escribió.

La causa se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esos audios no fueron considerados prueba por el fiscal Franco Picardi. En ese material también se vinculaba a Garbellini con Eduardo Menem, colaborador cercano de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

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Hasta el momento, el único procesado que declaró oralmente fue Roger Grant, empleado de la agencia y administrador de las adquisiciones a través del SIIPFIS. Grant se convirtió en una pieza clave del expediente y afirmó que recibía instrucciones directas de Garbellini.

Durante su indagatoria, Grant admitió “gran parte de los procedimientos irregulares” vinculados a las contrataciones de medicamentos del programa PACBI. De acuerdo con fuentes judiciales, sostuvo que “todo lo hacía por orden de Garbellini” y que “todo lo consultaba con él”, desde qué droguerías podían cotizar hasta el manejo de los tiempos administrativos. También aseguró que ejecutaba indicaciones precisas sobre altas y bajas en el sistema y seguía de cerca quiénes lograban presentar ofertas.

La declaración ubicó a Garbellini como el eje del direccionamiento operativo, al señalar que sus decisiones definían la operatoria, mientras que las tareas de Grant eran instrumentales. Sin embargo, evitó referirse a presuntos pagos ilícitos: sobre las supuestas coimas, “no dijo nada”, según reconstruyeron quienes siguieron la audiencia.

En el expediente también figura un elemento que compromete al excoordinador: su nombre aparece en cuadernos secuestrados durante un allanamiento a la vivienda de Miguel Ángel Calvete. Los investigadores consideran esas anotaciones como parte del mapa interno de la operatoria que se intenta reconstruir en la causa.