El presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue indagado por el juez Diego Amarante en la causa que investiga una presunta deuda de $19.000 millones con el fisco. El dirigente optó por el silencio, presentó un documento y luego utilizó sus redes sociales para negar irregularidades.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este mediodía ante el juez Diego Amarante para su declaración indagatoria. La citación se enmarca en la causa que investiga una presunta deuda millonaria de la entidad con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que ascendería a $19.000 millones. Siguió la misma estrategia que otros dirigentes de la AFA, entregó un escrito y se negó a contestar preguntas.
El máximo dirigente del fútbol argentino llegó a los tribunales minutos antes de las 11 y se abrió paso con dificultad entre los medios de comunicación que lo esperaban. Permaneció en el edificio durante una hora y media. A su salida, que fue igual de tumultuosa que su ingreso, se limitó a dar una breve declaración. “Cumplimos con lo que quería el juez, por lo que fuimos citados”, dijo Tapia. Inmediatamente, buscó desviar el foco de la conversación. “Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, agregó en referencia al partido pendiente de la selección argentina.
Poco después, el presidente de la AFA utilizó su cuenta en la red social X para fijar la posición de la institución. En su mensaje, negó cualquier tipo de ilegalidad en el manejo de las cuentas. “Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reafirmar la postura institucional de la Casa Madre. La institución ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado”, afirmó.
En la misma publicación, Tapia detalló la postura de la entidad sobre las obligaciones tributarias. “Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia. Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”, sostuvo.
La estrategia de la defensa
Con la indagatoria de Tapia, el juez Amarante cerró la ronda de citaciones en la causa y ahora dispone de un plazo de 10 días hábiles para definir la situación procesal de todos los imputados. Antes que el presidente de la AFA, pasaron por el juzgado el secretario general, Cristian Malaspina; el expresidente de Racing, Víctor Blanco; el director general, Gustavo Lorenzo; y el tesorero, Pablo Toviggino.
La defensa de Toviggino, en un escrito de más de 100 páginas, argumentó que la maniobra investigada no constituye un delito penal, sino una deuda administrativa que se originó por un malentendido técnico. Además, afirmó que una parte de esas obligaciones ya estaba saldada y remarcó que una resolución del Ministerio de Economía suspendió las ejecuciones fiscales, lo que, según su perspectiva, le otorgaba un carácter de “atipicidad” a la maniobra.
Según la denuncia que impulsó el Gobierno a través de la ARCA, los incumplimientos corresponden a los períodos fiscales 2024 y 2025. Aunque los dirigentes aseguran que parte de la deuda fue saldada, el delito de apropiación indebida de tributos se podría haber configurado de todos modos cuando se venció el plazo legal para cumplir con los pagos. Dicho delito prevé penas que van de los dos a los seis años de prisión.
El otro frente judicial
La situación judicial de la cúpula de la AFA se complejiza con otro expediente que investiga quiénes son los verdaderos dueños de una quinta en Villa Rosa, Pilar. La propiedad está a nombre de un monotributista y una jubilada, pero existen indicios que sugieren que podría pertenecer a las autoridades del fútbol.
Durante la indagatoria de Toviggino, una llamativa secuencia de hechos alimentó las sospechas. Mientras el tesorero declaraba ante el juez Amarante, en la puerta del edificio lo esperaba una camioneta Toyota Hilux negra. La patente del vehículo (AG579RD) confirmó que estuvo a nombre de Central Park Drinks S.R.L., una firma constituida por Luciano Pantano y su madre, Ana María Conte, quienes figuran como los propietarios formales de la quinta investigada.
