El juez federal Sebastián Casanello procesó a Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber alertado al empresario Jonathan Kovalivker sobre un operativo policial. El fallo sostiene que en el exclusivo barrio privado existe un “modus operandi” para obstaculizar la labor de la Justicia.
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El procesamiento es por desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento.
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La investigación lo vincula con la fuga de Jonathan Kovalivker, empresario sospechado de pagar sobornos en la Agencia de Discapacidad.
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El juez advierte que en Nordelta rige un “protocolo no escrito” para no colaborar con las fuerzas de seguridad.
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Mensajes internos del propio De Vicentis refuerzan la hipótesis de una obstrucción deliberada.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de encubrir al empresario Jonathan Kovalivker y permitirle evadir un operativo de la Policía de la Ciudad. El magistrado lo imputó por los delitos de desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento.
El episodio ocurrió la noche del 21 de agosto, cuando la policía buscaba a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker en el exclusivo complejo privado. Jonathan logró salir en un Audi S3 antes de que lo requisaran, mientras que su hermano fue interceptado con más de 260.000 dólares. Ambos son dueños de la droguería Suizo Argentina, involucrada en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
En su fallo, Casanello señaló que se corroboró la existencia en Nordelta de “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad, cualquiera fuera”. Según el juez, ese procedimiento consiste en trasladar cualquier requerimiento judicial al área de Legales del barrio privado, generando demoras que anulan el factor sorpresa.
El magistrado sostuvo que las conversaciones halladas en el teléfono de De Vicentis prueban ese accionar. En un mensaje enviado a sus supervisores el 22 de agosto, el jefe de seguridad indicó que “nadie facilita nada y nadie deja entrar a ninguna oficina si en la documentación no está especificado el lugar”. También remarcó que los policías debían ser frenados hasta que interviniera un abogado del área legal.
El fallo reconstruye que, cuando la Policía de la Ciudad llegó a la garita de ingreso, un vigilador empezó a recibir insistentes llamadas de un supuesto supervisor de seguridad, quien exigía explicaciones sobre el operativo. Minutos después, mientras la policía esperaba información sobre el domicilio de Kovalivker, el empresario abandonó el barrio. Además, personal de Nordelta convocó falsamente a la Policía Bonaerense alegando un procedimiento sin orden judicial, lo que demoró aún más el operativo.
La Justicia también valoró como prueba una llamada registrada en la garita desde un teléfono agendado como “A. De Vicentis”. Para el juez, esa comunicación confirma la participación del jefe de seguridad en las maniobras de entorpecimiento.
En su declaración indagatoria, De Vicentis admitió que intervino, pero alegó que su intención no era obstruir sino verificar la legalidad del operativo. Sin embargo, Casanello concluyó que su accionar “frustró la requisa” y facilitó la huida del empresario.
Fuentes judiciales recordaron que no es la primera vez que la Justicia enfrenta obstáculos en Nordelta. En otro expediente, el financista Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, también fue advertido de un procedimiento en su contra y casi logra escapar.
El procesamiento de De Vicentis abre un nuevo capítulo en la investigación sobre las redes de protección que operan en el exclusivo complejo, en paralelo a la causa por los presuntos sobornos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad.
