Colombia. El Gobierno de este país puso en marcha un controvertido plan ambiental que contempla el sacrificio de decenas de hipopótamos que viven en libertad en el país, descendientes directos de los ejemplares introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980.
La decisión fue confirmada por la ministra de Ambiente, Irene Vélez, quien explicó que los métodos aplicados hasta el momento como la esterilización y el traslado a zoológicos resultaron “costosos e ineficaces” frente al crecimiento sostenido de la población.
Según detallaron las autoridades, la medida podría alcanzar a unos 80 ejemplares, aunque aún no se precisó la fecha de inicio del operativo. “Si no hacemos esto, no podremos controlar la población. Tenemos que preservar nuestros ecosistemas”, sostuvo Vélez.
Actualmente, Colombia es el único país fuera de África con hipopótamos en estado salvaje. Todo comenzó en la Hacienda Nápoles, la propiedad que Pablo Escobar utilizaba como residencia y zoológico privado. Tras su muerte, los animales quedaron sin control y comenzaron a reproducirse en el valle del río Magdalena.
Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia estimó que en 2022 ya había alrededor de 170 hipopótamos en libertad, cifra que continuó en aumento en los últimos años.
Las autoridades declararon a estos animales como especie invasora, debido a su impacto negativo en el ambiente. Los hipopótamos no solo compiten por recursos con especies autóctonas como los manatíes de río, sino que también representan un riesgo para las comunidades rurales, donde se han registrado encuentros peligrosos.
Además, los intentos de traslado internacional enfrentaron limitaciones económicas: el costo de reubicar a estos animales en santuarios del exterior fue estimado en unos 3,5 millones de dólares, lo que dificultó su implementación.
En las últimas semanas, se reportaron avistamientos de hipopótamos a más de 90 kilómetros de su zona original, lo que encendió nuevas alertas sobre su expansión territorial.
El plan de sacrificio reabre el debate entre especialistas, ambientalistas y organizaciones defensoras de animales, que cuestionan la medida por su impacto ético, aunque el Gobierno insiste en que se trata de una decisión necesaria para evitar un daño mayor en los ecosistemas del país.
