Santa Ana. En su sesión de este lunes, el Concejo Deliberante local aprobó una serie de pedidos de informes dirigidos a la intendenta Mabel Pezoa. Las solicitudes apuntan a esclarecer el destino y la administración de distintos recursos públicos en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia en la rendición del primer trimestre.
Entre los puntos aprobados, se pidió al Ejecutivo detallar los ingresos millonarios generados por la emisión de licencias de conducir y por la actividad del Parque Industrial, así como remitir los comprobantes de gastos del primer trimestre del año.
Además, los ediles reclamaron que se informe bajo qué criterios se distribuyen las becas de emergencia laboral, un programa impulsado por el municipio para asistir a familias sin empleo.
Por otro lado, la concejal Otilia Alderete discutió la denuncia de la intendenta en la que se la apunta como «instigadora» de las protestas de la semana pasada, y ratificó que lo hecho con la familia Bogado fue una solicitud para que se les entregue a los padres el cuerpo del chiquito fallecido.
Concejo de Santa Ana niega ampliación presupuestaria para la Municipalidad
Como informó en exclusiva Radio Up, durante la reunión, el Departamento Ejecutivo Municipal solicitó una ampliación presupuestaria para destinar recursos al último trimestre de 2025. Pero el cuerpo deliberativo rechazó el pedido alegando falta de claridad en la rendición de cuentas del período analizado.
Durante la jornada, un grupo de vecinos denunciados por la intendenta y la directora del Hospital también entregaron una nota formal al Concejo en los que repudiaron “prácticas persecutorias” de parte del Poder Ejecutivo. Allí reclamaron que las denuncias apuntan a vecinos que ni siquiera participaron de las manifestaciones de la semana pasada, tras la muerte de Benjamín Bogado (8), “evidenciando la intención de criminalizar la expresión ciudadana”, acusaron.
La sesión se da en un contexto caldeado por recientes manifestaciones por déficit en la atención del Hospital Nivel I de Santa Ana. Por la muerte del niño Bogado, la Justicia pidió investigar a dos médicos de ese centro de salud, respecto a la atención y tratamiento dado al chiquito.
Lo ocurrido con la familia destapó una serie de reclamos por la salud pública en la localidad. Pero tras esos reclamos, la intendenta denunció a 20 vecinos por delitos contra la seguridad pública y por amenazas, mientras que en paralelo se mostró cercana a la familia de Benjamín.
Fuente : Rup
