En vísperas de la resolución de la Cámara de Casación sobre la causa «Vialidad», la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una extensa carta en la que denuncia una presunta persecución judicial en su contra. Mañana, a las 11 de la mañana, la Casación decidirá si confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos que le impuso el Tribunal Oral Federal en 2022. En su mensaje, Fernández de Kirchner dirigió duras críticas al Poder Judicial, particularmente a los jueces implicados en su caso, a quienes identificó como «Los Copitos de Comodoro Py», en alusión a la banda acusada de intentar asesinarla en septiembre de 2022.
La exmandataria comienza la carta haciendo referencia a una portada del diario Clarín, que, tras el atentado que sufrió en la puerta de su casa, tituló: «La bala que no salió y el fallo que sí saldrá». En su opinión, esa frase implicó que «si no me mataron, tengo que estar presa».
La carta acusa a los jueces de la Casación de responder a intereses externos. «Los Copitos de Comodoro Py son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que está denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura«, afirmó Fernández de Kirchner.
La causa por la que hoy se conocerá el fallo final está vinculada al supuesto desvío de fondos en obras públicas en Santa Cruz, beneficiando al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
Fernández de Kirchner argumentó que el delito de administración fraudulenta en obras viales, por el que se la acusa, «nunca pudo haber sido cometido» por ella. Recordó que dichas obras fueron «aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015». Según la expresidenta, ninguno de los jefes de Gabinete que tuvieron a su cargo la administración de los fondos nacionales fue acusado, ni el ministro de su gestión responsable del área fue imputado.
Fernández de Kirchner también destacó el dictamen del jurista Rodolfo Barra, actual Procurador del Tesoro de la Nación, quien, en su análisis sobre la causa, sostuvo: «Es el jefe de Gabinete de Ministros quien ejerce la administración general del país y quien, por lo tanto, ejecuta el presupuesto de la Nación«. En este sentido, Fernández de Kirchner afirmó que se le imputó una responsabilidad administrativa que, según la Constitución, corresponde al jefe de Gabinete y no al presidente.
La expresidenta también argumentó que el proceso judicial estuvo marcado por una presunta intencionalidad política, señalando que la «Causa Vialidad» empezó y concluirá «como un show». Sostuvo que la primera audiencia del juicio, en mayo de 2019, se fijó en coincidencia con el cronograma electoral de ese año, y que las audiencias semanales se extendieron hasta el inicio de otro año electoral, en marzo de 2023, cuando se dictaron «los fundamentos» de la condena. Según su versión, el objetivo fue mantenerla en el centro del debate público con fines electorales. «¿Por qué no te enteraste de lo que pasó durante casi 4 años? Porque desfilaron decenas de testigos y peritos y no existió ni una sola prueba en mi contra», aseguró en su carta.
En su mensaje, la exmandataria señaló que esta vez se organizó otro «show» alrededor de la decisión judicial. Aunque habitualmente los fallos se notifican digitalmente, en esta oportunidad se anunció una audiencia pública para televisar la condena, una medida que, según Fernández de Kirchner, se dispuso con antelación para hacer coincidir el fallo con un momento clave para el Partido Justicialista, que pronto celebrará elecciones de autoridades. «Tanta puntería electoral no es casualidad y se nota mucho», afirmó.
En otro pasaje de su carta, Fernández de Kirchner sostiene que la sentencia busca «inhabilitarla de por vida» para que no pueda ocupar cargos públicos, lo cual describe como una «proscripción de por vida». Según su visión, esta proscripción busca neutralizar su participación política de forma permanente, «como ya ha ocurrido en el pasado con el peronismo».
En un intento de contextualizar lo que considera un fenómeno regional, la exmandataria hizo una comparación entre su situación y las persecuciones judiciales que, según ella, enfrentaron otros líderes latinoamericanos. «Lula preso, Evo Morales destituido, Rafael Correa exiliado», afirmó, y señaló que se trata de «un entramado de sectores e intereses económicos, geopolíticos y mediáticos que acusan y persiguen judicialmente a quienes los desafían con un modelo político, económico y social distinto al status quo».
Cristina Fernández de Kirchner recurrió, hacia el final, a una «paradoja fatal» para contrastar a los gobiernos populares, que «permiten que el pueblo trabaje, coma, tenga salud y educación», con aquellos que se presentan como «honestos y transparentes» y, según ella, «terminan endeudando al país y empobreciendo al pueblo». Criticó fuertemente a las administraciones de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, a las que acusó de implementar políticas de ajuste, endeudamiento y represión. Según la expresidenta, cuando tuvo «la responsabilidad de la gestión», los argentinos vivieron «mucho mejor».
Luciani solicitó, además, el decomiso de $ 5321 millones, monto en el que -según estimó su par, Sergio Mola, al exponer en el juicio- se defraudó al Estado. Al tipo de cambio actual esta suma asciende a los u$s 926 millones.
El fiscal acusó no sólo a Cristina Kirchner, sino también al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, a Lázaro Báez y al ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública. Para ellos pidió penas de entre 10 y 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Tanto los fiscales Luciani y Mola acusaron al empresario como organizador de la asociación ilícita y partícipe primario de la defraudación, por lo que solicitaron la misma cantidad de años que para CFK.
Julio de Vido
Durante el supuesto funcionamiento de la asociación ilícita, De Vido se desempeñaba como ministro de Planificación. Por este motivo y por «no activar los controles correspondientes y ser clave en el plan de direccionamiento de la obra pública», los fiscales pidieron 10 años de cárcel para él.
José López
Para el exsecretario de Obras Públicas, la fiscalía solicitó también 10 años de prisión.
Nelson Periotti
Ex titular Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 10 años.
Mauricio Collareda
Jefe de Distrito N°23 «Santa Cruz» de la DNV. 6 años.
Juan Carlos Villafañe
Ex jefe de la AGVP. 6 años.
Raúl Daruich
Responsables del Distrito N°23 «Santa Cruz» de la DNV. 5 años.
Raúl Pavesi
Ex titular de la AGVP. 5 años.
Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas. 4 años de prisión.
José Raúl Santibáñez
Ex presidente del directorio de AGVP 13. 4 años.
Héctor Garro
Ex presidente de la AGVP. 3 años de prisión en suspenso.
Carlos Santiago Kirchner
Ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner. Absolución por asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta.
Fuente: El Cronista
