Antes de ser removido de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo dio versiones contradictorias sobre el origen de los audios que lo comprometen en supuestos sobornos. Su negativa a revelar quién lo grabó desató la furia en la Casa Rosada y precipitó su salida.
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La Justicia tiene en su poder 50 fragmentos de audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
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Los registros lo vinculan con presuntos pagos de coimas en la compra de medicamentos.
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Spagnuolo ofreció dos versiones distintas sobre quién lo grabó antes de ser destituido.
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El caso generó un comité de crisis en el Gobierno, ante la posibilidad de que incluso Karina Milei haya sido alcanzada por las grabaciones.
Los audios que comprometen a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), provocaron una crisis política que aún repercute en el Gobierno nacional. La Justicia ya cuenta con 50 fragmentos atribuidos al funcionario, donde se lo escucha en diálogos sobre presuntos pagos de coimas vinculados a la compra de medicamentos.
Horas antes de ser desplazado, Spagnuolo dio explicaciones contradictorias sobre el origen de las grabaciones. En un primer momento señaló a Natalia Basil, esposa del consultor en campañas políticas Fernando Cerimedo, quien entonces estaba a cargo de partidas presupuestarias en la agencia. Basil había sido designada en mayo de 2024 y en diciembre fue trasladada sorpresivamente a AYSA. Según Ámbito Financiero, pudo haber sido apartada por detectar irregularidades, entre ellas un canal de privilegio con la Droguería Suizo Argentina de los Kovalivker.
Sin embargo, la versión cambió con el correr de las horas. Cuando otros interlocutores del Ejecutivo le pidieron precisiones, Spagnuolo respondió: “No es la que dicen. ¿Quién me grabó? No se los voy a decir”. El periodista Gabriel Morini corroboró que esta fue su actitud desafiante antes de cortar los teléfonos y evitar nuevos contactos con los funcionarios que intentaban contener la crisis.
El exdirector incluso amagó con presentar su renuncia por “agotamiento moral” y envió un borrador que nunca firmó. La paciencia se agotó en el entorno presidencial y, pasada la medianoche del 21 de agosto, la Oficina del Presidente oficializó su salida.
En la Casa Rosada ya sabían que los audios estaban en poder de periodistas y que existían muchas más horas de grabaciones que exponen tanto conversaciones políticas como presuntas conductas delictivas. “Era el abogado del presidente”, graficaron fuentes oficiales que admitieron haber advertido temprano que la situación podía escalar más allá del caso $LIBRA.
El episodio también salpicó a colaboradores cercanos. Spagnuolo había nombrado a Juan Araoz de Lamadrid y a Ignacio Rada Schultze, con quienes, según fuentes gubernamentales, no se logró articular una estrategia conjunta cuando la investigación empezó a rozar a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
La alarma se encendió definitivamente cuando surgieron versiones de que la hermana del presidente también podría haber sido grabada. Eso llevó al Ejecutivo a convocar de urgencia a un comité de crisis con todos sus asesores jurídicos. Hoy, dentro del Gobierno, ya nadie pone en duda la autenticidad de los audios ni el impacto que generaron en el tablero político.
