La Fiscalía de Instrucción Penal Nº 1, de Posadas, recepcionó este miércoles una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el diputado provincial y líder de Encuentro Misionero, Carlos Eduardo Rovira, donde pide, entre otras medidas, la prohibición de salida del país.
Se trata de la denuncia Nº 283/2026, impulsada por el dirigente radical de Eldorado, Gustavo González, radicada ante la fiscal Amalia Spinato, con competencia de la jueza de Instrucción Carla Freitag.
En el escrito, González acusa a Rovira de la “presunta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito de Funcionario Público en concurso real”, en virtud de lo establecido en el artículo 268, inciso 2º, del Código Penal de la Nación, con la presunción de otras figuras penales, como “negociaciones incompatibles con ejercicio de funciones púbicas”, “omisión maliciosa de declaraciones juradas” e “infracción a las leyes de dominio público e hidráulico”.
En su denuncia, Gonzalez extiende la acusación “a toda otra persona que resultare autor, coautor, testaferro, cómplice o encubridor” de los delitos que le imputa a Rovira, y pide que “a los fines de garantizar la investigación, se disponga la prohibición de salida del país y el oportuno desafuero” del legislador y fundador del Frente Renovador de la Concordia.
En el punto 2, el escrito de González repasa la trayectoria política de Rovira y destaca que dado que el ex gobernador “no registra haber ejercido formalmente actividades comerciales, empresariales, industriales o profesionales independientes con capacidad de generación de ingresos” en más de 25 años, se desprende que “la totalidad de su subsistencia legal y de su núcleo familiar, deviene directo de las remuneraciones y dietas fijadas por la ley para el ejercicio de la función pública”.
Mansión y estancias
Seguidamente, la denuncia se enfoca en la “desproporción patrimonial” que exhibe Rovira y que se contrapone con lo señalado en el punto 2, como “el inmueble y mansión”, que el diputado provincial posee en la zona residencial ribereña conocida como Puerto Laurel; las “estancias y activos inmobiliarios”; el “entramado empresarial”, que involucra a sus hijos; y su “vinculación con contratistas del Estado”.
En cuanto a la residencia de Rovira en la costa del río Paraná, la denuncia resalta que el inmueble ocupa “14.000 metros cuadrados” y “ostenta un valor millonario y cuenta con infraestructura de alto costo económico”, que contraría los ingresos del legislador en todos sus años en la función pública.
En cuanto a las “estancias y activos inmobiliarios adicionales”, González menciona una finca de “gran extensión territorial”, ubicada sobre la ruta 105, entre Garupá y Fachinal, de “valor millonario”, sobre la que pesan “severas sospechas de titularidad real o mediante sociedades satélites”.
Asimismo, habla de otros “lotes y campos en el interior de Misiones”, de “alta valuación fiscal”, inscriptos a “nombre de familiares, allegados y firmas vinculadas”.
El ex diputado y dirigente radical, Gustavo González, esta mañana frente a la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 1, de Posadas.
Miami y París
En los párrafos siguientes, el escrito apunta a los “altos consumos en el extranjero” de los hijos de Rovira, que “registran residencia permanente en el exterior (Miami, EE.UU.; y París, Francia), exhibiendo niveles de vida, titularidad de bienes y erogaciones en divisas extranjeras”, que “no guardan correlación alguna con la capacidad de ingresos derivada del sueldo público percibido por su padre en Misiones”.
La presentación pide que se investiguen también los vínculos de Rovira con contratistas del Estado provincial, en particular la participación “de su entorno en empresas beneficiarias de contratos de obra pública (históricamente vinculadas a la firma Constructora Spotorno) y emprendimientos promovidos o financiados con recursos del tesoro provincial (firmas como Agro Sustentable S.A. y otras vinculadas a su círculo directo)”.
Riesgo de fuga
En el punto 4, relacionado con los fueros parlamentarios de Rovira, González opina que “la inmunidad de proceso”, establecida en los artículos 88 y 89 de la Constitución Provincial, “no impide el inicio, la prosecución, ni la producción de la totalidad de las medidas de prueba de carácter patrimonial, registral, bancario y fiscal requeridas en esta denuncia”.
En el escrito, el denunciante solicita el “ordenamiento inmediato de las medidas de prueba tendientes a consolidar el cuadro probatorio y, oportunamente, requerir la declaración indagatoria” del acusado; y “si se considera pertinente, se libre oficio a la Honorable Cámara de Representantes de Misiones, solicitando el desafuero del legislador conforme los dispuesto en la Carta Magna Provincial”.
En el punto siguiente, la denuncia alerta sobre el “peligro de fuga” y de “entorpecimiento” de la investigación, que representa el “carácter transfronterizo de la provincia”, la “desproporcionada capacidad económica del denunciado y la existencia comprobada” de propiedades e inversiones de sus hijos en Europa y Estados Unidos.
“Existe un riesgo de fuga cierto y de entorpecimiento de la investigación”, alerta González y pide a la fiscal Spinato que requiera, “con carácter de urgente”, la “prohibición de salida del país” de Rovira, la “retención de sus documentos de viaje” y la “inhibición general” de sus bienes.
