El tribunal deberá definir si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF como pago de una indemnización de US$ 16.100 millones más intereses, o si avanza con la ejecución del fallo.
La medida cautelar que solicitó la Argentina busca frenar la entrega inmediata de las acciones mientras continúa el proceso judicial. Preska, quien lleva el caso desde sus inicios, determinó en junio que el pago de la sentencia podría realizarse con el paquete accionario que el Estado mantiene en YPF.
Tres posibles escenarios
De acuerdo con las fuentes judiciales, la Corte puede:
- Conceder la cautelar y permitir que el traspaso de las acciones siga suspendido.
- Negar la suspensión, lo que habilitaría a Preska a ejecutar el traspaso de las acciones.
- Aceptar parcialmente la cautelar, pero disponer que el pago se realice con otros activos —como bonos— si considera inviable transferir el control accionario.
Si se rechaza la suspensión total, el Gobierno argentino tendría dos alternativas: negociar un acuerdo con los acreedores o incumplir el fallo, arriesgándose a un posible desacato. Este último escenario podría derivar en embargos de reservas del Banco Central, restricciones para acceder a los mercados de capitales y la incautación de activos de YPF en el exterior.
YPF: Un conflicto de más de una década
El litigio se originó en 2015, cuando el fondo Burford Capital adquirió en subasta el derecho a litigar contra la Argentina en nombre de las empresas del Grupo Petersen, que habían quebrado tras la reestatización de YPF.
La demanda no cuestiona el derecho del país a expropiar, sino el incumplimiento de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) prevista en el estatuto de la compañía. Según la acusación, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner omitió realizar ese procedimiento al nacionalizar el 51% de la petrolera en 2012, lo que afectó a inversores que tenían acciones en Nueva York.
La controversia se remonta a 1993, cuando el gobierno de Carlos Menem privatizó YPF y recaudó US$ 1.100 millones en Wall Street bajo las reglas del mercado estadounidense. Años después, el Grupo Petersen compró el 25% de la empresa a Repsol, financiado con préstamos bancarios y dividendos futuros. Pero tras la expropiación, YPF dejó de pagar dividendos, lo que llevó al grupo a la quiebra.
En ese contexto, el síndico designado por un tribunal español subastó el derecho a demandar a la Argentina. Burford Capital ganó la puja y financió el litigio, que también involucra al fondo Eton Park, otro exaccionista de YPF.
Cuando se cobre la indemnización, el 70% del monto irá a Burford y el 30% a la quiebra del Grupo Petersen para distribuir entre sus acreedores. Sin embargo, la familia Eskenazi —dueña del grupo— no recibiría fondos, ya que las deudas superarían cualquier eventual compensación.
Lo que está en juego hoy
La decisión de la Corte de Apelaciones no resolverá de fondo el caso, pero sí definirá si la Argentina conserva margen de negociación o enfrenta de inmediato la ejecución del fallo. En cualquier escenario, el riesgo financiero es elevado: además del capital, la deuda crece a razón de más de US$ 2 millones diarios en intereses.
