/

Diez días de prisión preventiva para el bioquímico acusado de haber secuestrado a su familia

Chubut. La justicia chubutense dicta la prisión preventiva por el plazo de diez días para Miguel Edgardo Battista, un bioquímico y jubilado de 71 años acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona agravado por el vínculo, en perjuicio de su esposa y sus tres hijos en la ciudad de Esquel.

De esta manera, el juez de la causa hace lugar al pedido formulado por la procuradora de la fiscalía, Cecilia Bagnato, quien además requiere una urgente evaluación psiquiátrica para el imputado.

La causa se inicia a partir de las reiteradas denuncias y alertas de los vecinos de la zona, quienes advierten sobre un intenso “olor a muerto” que emana de la vivienda ubicada en el Pasaje La Cascada al 663, un aislamiento total del inmueble y la absoluta falta de contacto social de los menores.

 

El hombre de 71 enfrenta cargos por secuestro, posibles abusos sexuales y reducción a la servidumbre.

 

Ante la gravedad de la situación, la policía provincial encabeza un operativo de allanamiento junto a la fiscalía. Al arribar al lugar, el acusado se atrincherurase durante varias horas y se niega a colaborar con las fuerzas de seguridad, hasta que los efectivos logran reducirlo para ingresar al domicilio.

El procedimiento arroja resultados alarmantes. La esposa del agresor, de 41 años, es rescatada en estado crítico junto a sus tres hijos de 13, 17 y 19 años. Según los informes de la investigación, el grupo familiar sobrevive en la penumbra, bajo severas condiciones de desnutrición y con graves dificultades para comunicarse.

Cronología de la investigación

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal provincial, el expediente se origina el 10 de octubre tras las primeras advertencias comunitarias.

Diez días más tarde, el 20 de octubre, intervienen de manera conjunta el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) ante la negativa constante del imputado a permitir el ingreso de la Policía. Los profesionales elaboran un informe de riesgo urgente que advierte sobre la extrema vulnerabilidad de las víctimas, lo que desemboca en el allanamiento definitivo que permite poner a resguardo a la familia y detener al presunto autor.