El fiscal Carlos Stornelli pidió investigar la denuncia del Gobierno por una supuesta operación de espionaje ilegal, pero remarcó que no se puede avanzar sobre las fuentes de los periodistas ni realizar allanamientos sin orden judicial.
-
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó abrir una causa judicial para determinar si existió una operación ilegal de inteligencia.
-
Recalcó que la investigación no puede avanzar sobre las fuentes periodísticas ni allanar domicilios sin orden judicial fundada.
-
La denuncia presentada por el Gobierno apunta a escuchas ilegales de funcionarios, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
-
El Ejecutivo sospecha que se trató de una maniobra de espionaje y desinformación con fines de desestabilización política y electoral.
El fiscal federal Carlos Stornelli requirió este martes la apertura de una investigación judicial en torno a la denuncia presentada por el Gobierno nacional sobre una presunta operación ilegal de inteligencia. La presentación oficial sostiene que se habrían grabado y difundido de manera clandestina conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En su dictamen, Stornelli enfatizó que la pesquisa “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional”. También aclaró que no se podrán allanar domicilios ni medios sin una orden fundada de un juez competente.
La denuncia, impulsada por el Ministerio de Seguridad a través del abogado Fernando Soto, solicitaba el allanamiento del canal de streaming Carnaval —que publicó audios atribuidos a Karina Milei y Diego Spagnuolo— y de las viviendas de periodistas y empresarios vinculados al medio.
El escrito del fiscal describe que, según las sospechas del Ejecutivo, los audios fueron obtenidos mediante prácticas de espionaje ilegal y luego manipulados y difundidos con la intención de desacreditar al Gobierno, alarmar a la población e incidir en el proceso electoral. También se menciona un posible ánimo destituyente y se vincula la maniobra a sectores de la oposición kirchnerista.
Además, se indica que algunos periodistas habrían utilizado las grabaciones para chantajear a funcionarios espiados. Stornelli sostuvo que los hechos afectan a autoridades nacionales de alto rango y ocurrieron en jurisdicción federal, lo que justifica la intervención de la justicia en esta causa.
