La denuncia penal contra la AFA y Claudio «Chiqui» Tapia fue ampliada por el Gobierno, elevando a $19.000 millones el monto investigado por retención indebida de tributos. La acusación involucra irregularidades en la retención de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social.
El Gobierno amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, por presunta apropiación indebida de tributos. La nueva presentación fue ingresada mediante un escrito electrónico ante el Juzgado Penal Económico N°5 y eleva a $19.353 millones el monto investigado, superando los $7.500 millones denunciados originalmente. La investigación gira en torno a la retención indebida de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social no depositadas dentro del plazo establecido, lo que encuadra en una presunta infracción a la Ley 27.430, el Régimen Penal Tributario.
La denuncia original, presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incluía la retención de tributos y cargas sociales descontadas a terceros, pero no depositadas, lo que habría permitido a la AFA financiarse con esos fondos. Ahora, ARCA ha ampliado la denuncia incorporando nuevos períodos y conceptos impositivos y previsionales, lo que ha elevado considerablemente el monto total investigado.
En el nuevo documento, ARCA detalló que las retenciones y contribuciones no ingresadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 ascienden a $11.759 millones. Esta suma se suma a los $7.500 millones denunciados inicialmente, lo que eleva el monto total a $19.353 millones. La denuncia acusa a la AFA de actuar como agente de retención y no cumplir con sus obligaciones fiscales, a pesar de conocer su rol como responsable de esos fondos.
De acuerdo con la legislación vigente, la retención indebida de tributos y contribuciones está penada con prisión de dos a seis años. ARCA solicitó al Juzgado Penal Económico que cite a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA a declarar y, de ser hallados culpables, se les imponga la pena máxima establecida por la ley.
