El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno decidió cerrar de manera definitiva la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los respectivos decretos serán publicados este martes en el Boletín Oficial, en víspera de que se cumpla el plazo de las facultades delegadas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunciaron en la tarde de este lunes que “el presidente Javier Milei ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.
La medida será publicada este martes en el Boletín Oficial y se da en el marco del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación el 8 de julio de 2025.
En ese sentido, Adorni informó que “se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”, y que “el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes”.
El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en Casa Rosada, que estuvo precedida de un video sobre la causa Vialidad, por la cual la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a prisión e inhabilitada a ejercer cargos públicos. En el video pudieron verse fragmentos de programas de TV de Jorge Lanata, Luis Majuel y de Telefe, y recortes de diarios sobre la mencionada causa judicial.
“La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”, aseveró el funcionario, quien además se refirió a los fines políticos en el uso de los recursos de Estado e indicó que “por primera vez, las facultades delegadas se utilizaron para aliviar la carga fiscal sobre los bolsillos de los argentinos”. Y agregó que “los 65 decretos delegados que se promulgaron el último año implican un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos”.
Las desregulaciones y recortes de gastos
Por su parte, Surzenegger informó que el Gobierno no buscará “prorrogar las facultades delegadas como hacía el kirchnerismo” e indicó que “fueron planteadas por el presidente Milei con una intención y una modalidad totalmente diferente”. Por eso, describió que “fue por un año; un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas”.
Las transformaciones fueron llevadas adelante por el Gobierno nacional tras la reglamentación de la Ley Bases que, junto al DNU 70/2023, configuran un paquete de reformas del Estado.
Las principales desregulaciones y recortes de gasto del Ministerio se dieron en los ámbitos del empleo público, reforma laboral, alquileres, industria y comercio, transporte y sector automotor.
Los puntos más destacados de la conferencia de Adorni
- “La causa Vialidad es un caso judicial donde se investigaron irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre el año 2003 y 2015, es decir, a lo largo de los primeros tres gobiernos kirchneristas”.
- “La maniobra fraudulenta consistió en la adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelantos financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos”.
- “En virtud de todo esto, el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la dirección Nacional de Vialidad y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.
- “Se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte”.
- “El Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país”.
- “El gobierno del presidente Javier Milei es de los pocos, desde la vuelta de la democracia, que no solicitó o decretó una prórroga sobre las facultades delegadas”.
- “Para el kirchnerismo, extender las facultades delegadas era un mero trámite; sin embargo, hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos mismos causaron”.
- “En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. También fue la primera vez que, al usarlas, el presidente se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad”.
- “La motosierra en lo que respecta a nosotros es infinita. Y ameritaba que contemos todo lo que se hizo en este último año en virtud de las facultades delegadas”.
- “Quiero reconocer nuevamente a Federico Sturzenegger y a todo su equipo, por el trabajo heroico que vienen haciendo y que seguirán haciendo por la libertad de los argentinos”.
Los puntos más destacados de la conferencia de Sturzenegger
- “Cristina Kirchner operó durante toda su presidencia con facultades delegadas. Es decir, que para ellos era una forma de gobierno, no era una delegación que hacía el Congreso. Eran facultades muy amplias; podían cambiar los contratos, podían establecer regímenes nuevos para los depósitos o para cualquier cosa, y eso es un poquito la historia que tenemos”.
- “Las facultades delegadas de la Ley 27.742 fueron planteadas por el presidente Milei y por el equipo con una intención y una modalidad totalmente diferente. Fue por un año, porque el presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas”.
- “No vamos a buscar prorrogar como hacía el kirchnerismo, porque tuvimos un año, teníamos un plan, había que hacer algo y lo hicimos. Y ahora la democracia sigue funcionando sin que el gobierno necesite este instrumento”.
- “Una reflexión: este uso que ha hecho el gobierno de Javier Milei de las facultades delegadas destaca por su apego a la Constitución”.
- “Javier tiene una frase que dice que prefiere una verdad incómoda a una mentira reconfortante. Y entonces yo les digo: ¿ustedes prefieren un presidente que habla suave y viola la Constitución, o prefieren un presidente aguerrido pero que la cumple?”.
Transporte terrestre: tres organismos se disuelven y dos se reorganizan
En concreto, el Gobierno Nacional dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad ( DNV ), la Agencia Nacional de Seguridad Vial ( ANSV ) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial ( CNTySV ).
La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía absorberá funciones de los organismos disueltos y será responsable de la confección de normas y recomendaciones generales para la mejora del transporte terrestre en todo el país y para la articulación de políticas públicas entre las distintas jurisdicciones.
A su vez, se crea la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, resultado de la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ( CNRT ). Será un organismo descentralizado de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
La nueva Agencia será responsable del control de la fiscalización de concesiones viales, ferroviarias y del transporte automotor de jurisdicción nacional; la aplicación de sanciones y promoción de acciones civiles o penales en caso de incumplimientos; la recepción de denuncias y reclamos de usuarios, y emisión de recomendaciones técnicas; y la intervención en accidentes ferroviarios.
Por otra parte, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) dejará de funcionar como tal, reducirá considerablemente su alcance y gasto y pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
A partir de esta medida, “limitará su ámbito de actuación exclusivamente al transporte aéreo civil, para dar cumplimiento con los estándares técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”, según se explicó desde el Gobierno nacional.
Distribución de funciones
En cuanto a la distribución de funciones de los organismos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) distribuirá sus funciones entre la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Gendarmería Nacional.
En tanto, las funciones de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) serán absorbidas por la Secretaría de Transporte, y llevadas a cabo por la Subsecretaría de Transporte Automotor.
Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) distribuirá sus funciones entre la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y dos unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía, una en la órbita de la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas.
A su vez, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se reestructura y pasa a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Se focalizará en la verificación del cumplimiento normativo y contractual, y en la investigación de los accidentes ferroviarios.
El resto de las funciones de la ex CNRT pasarán a la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
Por último, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, y limitará su ámbito de actuación exclusivamente al transporte aéreo civil. Las funciones inherentes de la JST a la investigación técnica de sucesos automotores serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y las relacionadas a sucesos del ámbito ferroviario estarán a cargo de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Los argumentos del Gobierno para cerrar Vialidad Nacional
Al argumentar la decisión de disolver la Dirección Nacional de Vialidad, desde el Gobierno de Milei señalaron que “la disolución de este organismo completa un proceso que en los hechos ya se venía desarrollando. Por un lado, la transferencia de competencias a las provincias y por otro la transformación a una modalidad de contratación de obra pública bajo un esquema de concesiones y tercerización con el sector privado”.
“Estos cambios garantizan niveles de transparencia y control que la Dirección Nacional de Vialidad no ha logrado asegurar de forma sostenida y que sí lo hará nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, agrega un comunicado oficial emitido al respecto.
Según los datos del gobierno, Vialidad Nacional contaba con una dotación de 5.184 agentes, de los cuales 1.091 se encuentran en Casa Central y 4.053 agentes están asignados a los 24 distritos viales. De estos últimos, el 67% cumple funciones administrativas, técnicas o jerárquicas, y solo el 33% realiza tareas operativas en territorio, “lo que evidencia su sobredimensionamiento administrativo”.
La disolución de Vialidad “generará un ahorro anual estimado para el Estado Nacional de 100 millones de dólares anuales”, y con esta mediada “se mejoran los mecanismos de control del gasto”, luego que “este organismo había permitido importantes irregularidades en el manejo de los fondos públicos, como lo que resultó en la Causa Vialidad que llevó a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner a la cárcel”, finaliza señalando el comunicado.
