El Gobierno anunció que la Casa Militar asumirá la seguridad completa de la Quinta de Olivos, centralizando las funciones relacionadas con el resguardo del presidente Javier Milei. La decisión fue comunicada hoy por la Presidencia y marca un cambio en la coordinación del personal encargado del cuidado de la residencia.
Comunicado dice que Ibáñez asumirá “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”.
La Casa Rosada justificó el traslado por una “escalada de la inseguridad a nivel global” y por la próxima visita del Papa León XIV, que aumenta los riesgos. Advirtieron que el movimiento de personal externo para obras y servicios complica los controles y plantea un desafío adicional para la protección presidencial.
En Balcarce 50 dijeron que hubo un hecho directo que motivó la medida: “Hubo filtraciones que afectan la seguridad presidencial”. Como consecuencia, 12 miembros del personal civil fueron despedidos y parte de la dotación fue reubicada en otras dependencias. La Presidencia aclaró que las tareas de limpieza y cocina seguirán en manos civiles.
La reorganización de la Quinta de Olivos tras el despido de empleados por filtraciones de seguridad presidencial
La Presidencia decidió disolver Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y separar funciones de seguridad, administración y control. El traspaso de responsabilidades completará en 60 días y, según el comunicado, “posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”. Casa Militar depende de la Secretaría General, a cargo de Karina Milei.
Con el cambio, el organismo incrementa competencias sobre la seguridad presidencial y su entorno, tanto en las inmediaciones de la Casa Rosada como en donde se encuentre Javier Milei. La organización busca unificar protocolos y facilitar la movilidad del equipo de seguridad en actos oficiales y viajes, dentro y fuera del país, según la versión oficial.
El traspaso de competencias a la Casa Militar y el debate político generado por la medida gubernamental
La medida provocó cuestionamientos desde sectores opositores y especialistas en seguridad que advierten sobre una mayor presencia militar en tareas con gestión civil. Voces del oficialismo sostienen que se trata de un ordenamiento operativo. El Gobierno dice que la intervención busca eficiencia y más protección, y que no implica cambios en las tareas domésticas.
