El Ministerio de Justicia oficializó un programa nacional para transformar el registro automotor hacia un esquema completamente digital mediante la publicación de la resolución 306/2026. La Dirección Nacional de los Registros (DNRNPACP) fue instruida a elaborar un cronograma de implementación y presentarlo en un plazo de 30 días corridos ante la autoridad de aplicación.
La DNRNPACP tiene 20 días hábiles para proponer un método que clasifique y asigne módulos a cada trámite vigente, con el objetivo de expresar todos los aranceles en la nueva unidad de medida. El cambio busca simplificar un esquema anterior considerado complejo por el propio ministerio.
Alcance y ejes estratégicos
El plan se apoya en tres ejes: la modernización tecnológica del sistema, la reorganización institucional de la DNRNPACP y los registros seccionales, y la adaptación normativa para consolidar el nuevo modelo. Es una continuidad de herramientas previas como el Legajo Digital Único, el Certificado Digital Automotor y plataformas nacionales lanzadas en años recientes.
Entre las medidas figura la digitalización completa de trámites con validación automática de identidad, incorporación electrónica de documentación, pago y firma digital, consulta online del estado de los expedientes y emisión de certificados en formato electrónico. La iniciativa promete agilizar procesos y reducir tiempos de gestión en el ámbito del registro automotor.
Nuevo criterio para aranceles
Para unificar los costos, el Ministerio creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) por resolución 308/2026. El MRPA se fijó en 0,5 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y su valor se actualizará cada cuatro meses según la cotización de la UVA del día hábil anterior al comienzo del período, con redondeo simple al múltiplo de 10 cuando corresponda.
El anexo de la resolución también apunta a reducir la cantidad de trámites a categorías troncales —inscripción inicial, transferencia, constitución y cancelación de garantías, bajas registrales y medidas cautelares—, digitalizar el acervo documental y garantizar interoperabilidad para que la información disponible en otros organismos no deba repetirse al ciudadano.
