Se prevé penas de hasta 20 años para delitos graves, priorizando la resocialización y medidas alternativas como tareas comunitarias o reparación del daño en delitos menores.
La iniciativa incorpora un financiamiento superior a los $23.700 millones, destinados tanto al Ministerio de Justicia como a la Defensoría General de la Nación, además de habilitar acuerdos entre la Nación y las provincias para el envío de fondos destinados a infraestructura, capacitación y creación de institutos especializados para menores.
La oposición busca llevar el piso a 14 años.
