El Ejecutivo sostiene que la movilización del sábado responde a una agenda opositora y considera que su realización permitirá marcar una división clara entre sectores políticos. En línea con su estrategia, la Casa Rosada busca avanzar en la derogación de normativas de inclusión y posicionar el debate sobre diversidad como un eje de la campaña legislativa.
Desde el oficialismo insisten en que la marcha es una manifestación política que reúne a sectores contrarios a la gestión. “Es una movilización que nuclea a todos los que están en contra del Gobierno”, afirman en Nación. En ese marco, la participación de dirigentes opositores es vista con buenos ojos por el Ejecutivo, que considera que “queda claro quién está de cada lado”.
El Gobierno pretende instalar la discusión sobre políticas de diversidad en el centro del debate público con la intención de generar divisiones en la oposición. La estrategia es respaldada por la mesa política oficialista, que coincide en fortalecer los lineamientos expresados por el presidente Javier Milei en el Foro de Davos. En la Casa Rosada aseguran que esa postura “representa la ideología del Gobierno” y buscan trasladar el enfrentamiento a nivel global con la creación de una liga de naciones conservadoras junto a Estados Unidos, Israel e Italia.
En el plano local, el Ejecutivo mantiene su intención de presentar un paquete legislativo para derogar normativas que establecen cupos y otras medidas de acción afirmativa. La iniciativa está a cargo de la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, bajo la supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo.
Entre las leyes que el Gobierno pretende eliminar se encuentra la 27.636, que fija un cupo laboral del 1% en el sector público para personas travestis, transexuales y transgénero. También se apunta contra la Ley de Paridad de Género (27.412), que obliga a intercalar mujeres y varones en las listas electorales.
Otra de las modificaciones que busca el oficialismo es la eliminación de la figura del femicidio en el Código Penal (Ley 26.791). “No hay ninguna diferencia entre el homicidio de un hombre o de una mujer”, sostienen en Nación. Asimismo, el paquete legislativo prevé la derogación de la Ley Micaela (27.499), que establece capacitaciones obligatorias en género y violencia contra las mujeres en los tres poderes del Estado. “Son imposiciones que no resuelven el problema de fondo”, afirman desde el Gobierno.
La estrategia oficial apunta a consolidar un esquema de polarización en torno a la agenda de diversidad y derechos de género, con el objetivo de que la discusión se instale como un tema central de cara a las elecciones legislativas de 2025.
Fuente: TN.
