El Gobierno nacional activó una amplia ofensiva legal y administrativa contra 45 compañías, ejecutivos y proveedores acusados de explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas sin contar con los permisos oficiales requeridos.
La Cancillería argentina puso en marcha procedimientos legales sancionatorios dirigidos contra un entramado de 45 empresas, altos directivos, accionistas y firmas proveedoras de servicios vinculadas a la extracción y exploración de petróleo en la plataforma continental de las Islas Malvinas. Las acciones involucran a actores radicados en una decena de naciones, entre las que figuran el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica y Kazajistán, como parte de una estrategia integral orientada a frenar el avance de las operaciones comerciales que carecen del aval del Estado argentino.
El núcleo de la medida apunta directamente a las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, principales impulsoras del yacimiento Sea Lion, considerado el foco de mayor fricción bilateral. Las notificaciones oficiales también se extendieron formalmente a las firmas Borders & Southern Falkland Islands Limited y JHI Associates, así como a compañías clave de soporte técnico e infraestructura marítima, tales como Noble Corporation, NSAI y Fugro.
Ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas, el proyecto Sea Lion tiene a Navitas como socia mayoritaria con el 65% de la participación, en tanto que Rockhopper conserva el paquete accionario restante. Hacia finales de 2025, ambas corporaciones dieron luz verde a un desembolso de 1.800 millones de dólares para encarar la fase inicial de desarrollo, con la proyección de extraer unos 55.000 barriles de crudo diarios a partir de 2028. De acuerdo con los estudios de Navitas, el bloque resguarda reservas comprobadas por 216 millones de barriles y un potencial total estimado en 603 millones, cifras que motivaron el rechazo inmediato de las autoridades argentinas.
El soporte jurídico del reclamo se apoya en la Ley 26.659, marco regulatorio que fija severos castigos ante actividades extractivas ilícitas en el mar argentino. Las penalidades contempladas comprenden multas monetarias tasadas en el valor equivalente a entre 15.000 y 1,5 millones de barriles de crudo, además del decomiso de maquinarias, la revocación de concesiones preexistentes y la prohibición de operar dentro de la República Argentina por plazos que alcanzan los 20 años. Esta persistente presión legal ya provocó que gigantes internacionales del rubro de servicios petroleros, entre ellos SLB, Halliburton y Baker Hughes, hayan decidido tomar distancia de las maniobras exploratorias en el archipiélago.
