CABA. El Gobierno nacional resolvió la cesantía de once trabajadores del Hospital Garrahan, diez de ellos dirigentes gremiales, tras concluir los sumarios administrativos iniciados por la toma de oficinas de la Dirección Médica ocurrida en octubre de 2025, en el marco de un conflicto laboral por descuentos salariales vinculados a medidas de fuerza.
El Gobierno dispuso la cesantía de once empleados del Hospital Garrahan —diez de ellos dirigentes sindicales— que participaron en la toma de las oficinas de la Dirección Médica el 31 de octubre de 2025, durante un conflicto gremial originado por descuentos salariales aplicados tras jornadas de paro. La decisión se adoptó una vez finalizados los sumarios administrativos abiertos a raíz del episodio y fue comunicada oficialmente por la institución.
Según informaron fuentes oficiales, el conflicto se desató cuando las autoridades del hospital notificaron que no se abonarían los días no trabajados por medidas de fuerza. Ese mismo día, delegados sindicales y una trabajadora ingresaron a las oficinas de la Dirección Médica, interrumpiendo el funcionamiento institucional de un área clave de la conducción del hospital.
De acuerdo con la reconstrucción administrativa realizada por el Garrahan, la ocupación incluyó la toma de un sector central de la conducción médica, la interrupción de tareas administrativas, la permanencia forzada del personal que se encontraba en el lugar, episodios de agresiones verbales y la negativa a cumplir las órdenes del personal de seguridad para desalojar las oficinas.
Tras el hecho, las autoridades del hospital abrieron 44 sumarios administrativos para determinar responsabilidades individuales. La investigación se extendió durante varios meses e incluyó la recolección de testimonios, registros internos y material audiovisual que permitió reconstruir la secuencia de los hechos y el grado de participación de cada trabajador involucrado.
El Consejo de Administración del Hospital Garrahan resolvió aplicar sanciones diferenciadas. En la mayoría de los casos se dispusieron sanciones menores, acordes a la gravedad de las conductas evaluadas. Sin embargo, en once situaciones se decidió la cesantía al considerar acreditado que esas personas no solo participaron de la toma, sino que tuvieron un rol activo en su organización, conducción y ejecución.
La nómina de trabajadores alcanzados por la medida está integrada por diez delegados gremiales y una trabajadora sin representación sindical. Entre los dirigentes figuran representantes de ATE y APyT, dos organizaciones con presencia en el hospital. Los cesanteados son Norma Lezana, Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.
Según la información oficial, diez de los once trabajadores cesanteados cuentan con tutela gremial, una protección prevista por la legislación laboral que impide la ejecución inmediata de sanciones de este tipo sin una autorización judicial previa. En esos casos, la desvinculación quedará supeditada a una resolución de la Justicia que disponga el levantamiento de la tutela sindical. La única trabajadora que no cuenta con esa protección podrá ser desvinculada de manera inmediata una vez concluido el proceso administrativo.
El Hospital Garrahan difundió un comunicado en el que detalló los fundamentos de la decisión y remarcó la gravedad del episodio. Allí se indicó que la toma de las oficinas de la Dirección Médica “no fue simplemente un ingreso a la fuerza en una oficina”, sino que afectó el funcionamiento institucional y se desarrolló en un contexto que, según la evaluación administrativa, puso en riesgo la atención de los pacientes.
“Tras la irresponsable y desmedida toma de las oficinas de la Dirección Médica protagonizada por militantes el 31 de octubre de 2025, iniciamos 40 sumarios. Luego de meses de investigación se concluyó que 11 personas serán expulsadas no solo por haber sido parte, sino por haber diseñado, dirigido y efectuada la toma, en lugar de recurrir a la justicia en caso de tener plena convicción de lo que reclamaban mediante ese acto”, señalaron desde la institución.
El comunicado agregó: “Desafortunadamente 10 de estas personas tienen tutela gremial, lo que significa que están protegidos salvo que la justicia decida lo contrario. No vamos a permitir que unos pocos sigan afectando a nuestros pacientes. Vamos a ponerle fin al uso del Garrahan como teatro de operaciones electorales”.
Respecto de los delegados gremiales alcanzados por la medida, el hospital indicó que aguardará la intervención judicial para avanzar con las cesantías en los casos que cuentan con tutela sindical.
El episodio del 31 de octubre se produjo en el marco de un conflicto gremial más amplio, vinculado a reclamos salariales y laborales. Desde los sindicatos señalaron que la toma de la Dirección Médica fue una respuesta a los descuentos aplicados por los días de paro y a la falta de respuestas a los reclamos presentados por los trabajadores. La ocupación fue difundida por organizaciones gremiales y medios especializados, que indicaron que la medida buscaba exigir la restitución de los salarios descontados.
Desde el Gobierno y las autoridades del hospital, en cambio, se destacó el impacto de la acción sobre el funcionamiento de una institución sanitaria de alta complejidad. El Hospital Garrahan es el principal centro pediátrico del país y recibe pacientes derivados de todas las provincias, motivo por el cual el conflicto adquirió relevancia política y mediática y fue seguido de cerca por las autoridades nacionales.
Fuentes oficiales indicaron que la decisión de avanzar con las cesantías se tomó una vez concluidos los procedimientos administrativos y tras evaluar la totalidad de las pruebas reunidas durante la investigación interna. La aplicación de sanciones diferenciadas respondió, según explicaron, a la necesidad de individualizar responsabilidades y graduar las medidas de acuerdo con la participación de cada trabajador.
En el ámbito gremial, las organizaciones involucradas anticiparon que recurrirán a la vía judicial para impugnar las cesantías, en especial en los casos de delegados con tutela sindical. También anunciaron que continuarán con acciones gremiales en defensa de los trabajadores sancionados.
Por el momento, el conflicto permanece abierto a la espera de la intervención de la Justicia laboral, que deberá resolver si corresponde levantar la tutela gremial para que las cesantías puedan concretarse en los diez casos restantes. Mientras tanto, el hospital continúa con su funcionamiento habitual y las autoridades aseguraron que la atención a los pacientes no se vio afectada tras la finalización del episodio.
La resolución del Consejo de Administración del Garrahan se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y sectores gremiales del sector público, en el que la ocupación de dependencias estatales y las medidas de fuerza en servicios esenciales constituyen uno de los principales ejes de debate. El desenlace judicial del caso será clave para definir el alcance final de las sanciones y el impacto del conflicto en el hospital pediátrico.
