El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con los representantes de la Mesa de Enlace para analizar la baja temporal de retenciones y otras posibles medidas fiscales. Durante la reunión, aseguró que el próximo tributo en revisión será el impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque.
El Gobierno nacional confirmó a los dirigentes agropecuarios que la reducción de retenciones es una medida transitoria y que otras modificaciones impositivas dependerán de la evolución de la recaudación en 2025. Frente a esta postura, los representantes del sector pidieron que el equipo económico explique a los productores los fundamentos de la decisión oficial para facilitar la comercialización de granos antes de que finalice la ventana de beneficios impositivos, prevista hasta junio.
Caputo defendió la estrategia fiscal del Ejecutivo nacional y descartó que exista un atraso cambiario. Explicó que el superávit es clave para sostener el esquema económico y permitir futuros alivios impositivos. En ese sentido, sostuvo: “El impuesto al cheque es el próximo tributo en la mira del Poder Ejecutivo”.
Los referentes agropecuarios solicitaron que la reducción de retenciones se mantenga en el tiempo y que la Nación invierta en infraestructura para mejorar la competitividad del sector. Además, Federación Agraria planteó la necesidad de establecer un esquema de segmentación de retenciones en función del volumen de ventas de los productores.
Carlos Castagnani, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), destacó que el Gobierno mantiene conversaciones con empresas para impulsar mejoras en la infraestructura rural. Sobre este tema, indicó: “Nos comentó el ministro junto con sus colaboradores que están trabajando con empresas para llevar adelante el desarrollo que necesitamos en la reconstrucción del deterioro que tiene la infraestructura”.
Otro punto de debate en la reunión fue la continuidad de organismos clave para el agro. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó su preocupación ante los rumores de cierre de instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En ese sentido, afirmó: “Algo interesante e importante también, hablamos de los organismos nacionales, hoy hay mucho ruido con respecto al INTA, al Senasa”.
Durante el encuentro, los representantes del agro mencionaron que el costo fiscal de la baja de retenciones podría ser mayor al previsto inicialmente. Según la Mesa de Enlace, el impacto ascendería a 1.000 millones de dólares, superando los 800 millones estimados por el Gobierno. A su vez, el Consejo Agroindustrial Argentino proyectó que la medida impulsaría una liquidación adicional de 1.700 millones de dólares en el sector.
El tema impositivo no solo estuvo enfocado en los tributos nacionales. Los dirigentes agropecuarios plantearon que algunos impuestos y tasas municipales generaron un impacto negativo en la rentabilidad del sector. En un comunicado, el Palacio de Hacienda detalló: “Los representantes de la Mesa de Enlace cuestionaron los impuestos y ‘tasas’ municipales impuestas por algunos gobiernos provinciales y municipios. En particular, remarcaron que la tasa vial tuvo en algunos casos aumentos de hasta 500% y que los fondos recaudados por los impuestos inmobiliarios no están financiando el desarrollo de caminos y rutas”.
Del encuentro participaron, además de Caputo, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el titular de la AFIP, Juan Pazo. En representación del sector agropecuario, asistieron Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Andrea Sarnari (Federación Agraria), Lucas Magnano (Coninagro) y Carlos Castagnani (CRA).
A pesar de que la baja de retenciones se encuentra vigente, en el mercado persisten algunas dudas sobre su implementación. Exportadores señalaron que la reglamentación de la AFIP y del Banco Central ya estableció los lineamientos de la medida, pero consideraron que la liquidación de divisas no se acelerará hasta que los productores comercialicen su stock de soja y maíz de la campaña anterior.
Uno de los puntos de mayor incertidumbre es el requisito de liquidación rápida para acceder a las alícuotas reducidas. Según la normativa vigente, los exportadores deben ingresar al mercado oficial de cambios el 95% de las divisas obtenidas por la operación en un plazo máximo de 15 días hábiles. Empresas cerealeras advirtieron que la aplicación de esta exigencia dependerá de la posibilidad de obtener financiamiento en dólares a través de bancos del exterior.
Fuente: MO
