El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se reunieron con representantes de la CGT para revisar el artículo de la reforma laboral relacionado con los bloqueos sindicales. Durante el encuentro, se acordó la creación de una mesa tripartita que incluirá a empresarios.
El Gobierno nacional y la CGT comenzaron una nueva etapa en su relación, en medio de un contexto de tensiones por el conflicto universitario y el paro de gremios del transporte previsto para el 17 de octubre. Guillermo Francos y Julio Cordero recibieron a una delegación de la CGT en la Casa Rosada para discutir la reforma laboral. Las autoridades nacionales se comprometieron a revisar en conjunto uno de los puntos más conflictivos de la reforma laboral: los bloqueos sindicales. Para ello, se creará una mesa tripartita con empresarios para analizar cómo reglamentar esta cuestión.
“Será para tratar distintos temas de modernización laboral, entre los cuales está la cuestión de los bloqueos, pero no es para resolverlo, sino para mejorar alguna posición de duda que pueda haber entre algunas de las partes”, aclaró el secretario Cordero luego del cónclave.
En este sentido, el funcionario explicó que, por ejemplo, uno de los asuntos a debatir en ese ámbito “es si puede haber una intervención administrativa de la autoridad de aplicación” en el caso de que ocurra una protesta gremial que impida el funcionamiento de una empresa.
Además, estuvo el influyente asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los mejores interlocutores con la central obrera, quien días atrás mantuvo una fuerte pulseada con Sturzenegger para aceptar los cambios que proponían los sindicalistas para atenuar el artículo “anti-bloqueos” en la reglamentación de la reforma laboral.
Ese punto finalmente no reglamentó y así quedó desestimada la sugerencia de la CGT que implicaba derivar a la Justicia el pedido de despedir a quienes bloquean empresas, aunque en la cúpula cegetista había conformidad porque esa redacción final “no empeoró” los alcances del artículo.
Esa fórmula de no reglamentar el artículo que penaliza los bloqueos al considerarlos una injuria laboral grave, y, por lo tanto, causal de despido justificado, fue acordada entre Cordero y un negociador de la CGT. Y fue considerada un gesto de buena voluntad del Gobierno, así como lo fue otro que impulsó Francos: frenar el proyecto de Democracia Sindical en Diputados que consensuaron la UCR, el PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, Hacemos Federal e Innovación Federal, en un texto que unificó una veintena de iniciativas sobre el tema y que le ponía límites y controles al gremialismo.
“Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados, porque tenemos una preocupación muy grande que es, producto de la Ley Bases, un artículo, el 242, que es el de despido con causa. Este artículo tiene una mala redacción, fue agregado en el Senado y precisamente lo que necesita es una reglamentación que pueda corregir esto”, explicó Daer, al salir de la reunión.
El dirigente cegetista agregó: “Quedamos en la constitución de una vía administrativa para resolver todo en un acuerdo entre la Secretaría de Trabajo, la CGT y el sector empresarial, para darle precisión a algo que tiene una vaguedad importante en esto de las tomas total o parcial (de una empresa durante las protestas gremiales). Si hay bloqueo, hay bloqueo y si no lo hay, no lo hay. Esto de bloqueo total o parcial es una vaguedad absoluta”.
El sector dialoguista de la CGT quiere abrir un “espacio institucional de diálogo” con la Casa Rosada, que no esté subordinada a las diferencias que mantienen y permita encontrar salidas a los problemas salariales y laborales, pero la mira está puesta en el diálogo tripartito con los empresarios.
Si bien había expectativa sobre un posible acuerdo para destrabar el paro del transporte, a partir de la presencia del propio Roberto Fernández, el líder de la UTA, finalmente no hubo una definición al respecto por parte de los gremios.
También asistió a la Casa Rosada Daniel Ricci, de FEDUN, que agrupa a los docentes universitarios, en plena batalla por mejoras salariales y en contra del veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, además del líder de UDA, Sergio Romero, el referente cegetista de los sindicatos docentes, que sigue en conflicto para mejorar los bajos sueldos del sector. Ambos ratificaron la marcha federal convocada para este miércoles.
Las ausencias más notorias dentro de la comitiva cegetista fueron, además de Pablo Moyano, las de los gremialistas aeronáuticos Pablo Biró (pilotos) y Juan Pablo Brey (aeronavegantes), quienes encabezan el duro conflicto salarial que incluyó una serie de paros y asambleas que afectaron a miles de pasajeros y que derivó en la decisión del Gobierno de no ceder y privatizar Aerolíneas Argentinas.
Entre los sindicalistas que fueron esta tarde a Balcarce 50 se destaca Gerardo Martínez (UOCRA), quien, junto con Héctor Daer, son dos de las máximas figuras de la fracción dialoguista de la CGT que venían negociando con Francos desde hace largas semanas para concretar la reunión en la Casa Rosada luego de que se reglamentara la reforma laboral y se definiera el proyecto de Democracia Sindical.
En la reunión participaron Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA), Daniel Ricci (FEDUN), Sergio Romero (UDA) y Roberto Fernández (UTA), entre otros. No asistieron Pablo Moyano, quien rechaza el diálogo con el Gobierno, ni su padre, Hugo Moyano. El asesor presidencial Santiago Caputo también estuvo presente y fue clave en las negociaciones para atenuar el artículo «anti-bloqueos» de la reforma laboral. Aunque el artículo no se reglamentó, la CGT mostró conformidad con la redacción final.