Las concesiones dispuestas por el gobierno nacional tendrán una vigencia de 20 años e incluyen corredores viales estratégicos de Buenos Aires y La Pampa. Las empresas asumirán la explotación, administración y mantenimiento bajo el esquema de la Red Federal de Concesiones, con financiamiento privado.
Desde este miércoles 1 de julio, dos corredores de rutas nacionales y autopistas que hasta ahora estaban administrados por la empresa estatal Corredores Viales S.A. pasarán a manos privadas. La medida abarca 1.871 kilómetros de trazas en Buenos Aires y La Pampa, que serán operadas durante los próximos 20 años por las firmas adjudicatarias.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la firma de los contratos correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC), el programa con el que el Gobierno nacional busca transferir al sector privado la administración, mantenimiento y ejecución de obras en corredores estratégicos. “Se trata de dos corredores estratégicos para la producción, la logística y el comercio en Buenos Aires y La Pampa”, expresó Caputo al informar la puesta en marcha de las nuevas concesiones.
Uno de los tramos adjudicados es el denominado Tramo Pampa, que comprende 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5, entre Luján, en la provincia de Buenos Aires, y el empalme con la Ruta Nacional 35, en La Pampa. La operación quedará a cargo de Corredor Vial 5 S.A.U., vinculada a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.
La firma presentó una tarifa ganadora de $2.355,37 sin IVA para el peaje. Sin embargo, ese valor no comenzará a cobrarse de manera inmediata.
El segundo corredor es el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que reúne 1.325,17 kilómetros de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery. Fue adjudicado a Rutas Sur Atlántico S.A., consorcio integrado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A.
Para ese tramo, la propuesta económica seleccionada estableció una tarifa de $997 sin IVA.
Según indicaron fuentes de Vialidad Nacional, las tarifas ofertadas en la licitación solo podrán aplicarse cuando las concesionarias cumplan con las obras iniciales y dejen las trazas en condiciones óptimas de transitabilidad, como establecen los contratos. Hasta entonces, los usuarios continuarán pagando los valores que ya regían bajo la administración estatal, actualizados por inflación.
La Etapa II-A es parte de la Red Federal de Concesiones, un plan que plantea que las obras, el mantenimiento y la operación de los corredores queden financiados íntegramente por empresas privadas. Vialidad Nacional mantendrá la función de control sobre los niveles de servicio, las condiciones de seguridad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
El proceso ya tuvo una primera experiencia en enero de 2026, cuando se firmaron los contratos de la Etapa I. En aquella instancia, empresas privadas tomaron posesión de 741 kilómetros del ex Corredor Vial 18, que comprende sectores de las rutas nacionales 12 y 14, el puente Rosario-Victoria y tramos ubicados en Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires.
El Gobierno ya licitó además la Etapa II-B, que contempla más de 2.500 kilómetros sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 36 y 188, y avanza con la Etapa III, que prevé incorporar cerca de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho provincias del norte y centro del país. El objetivo oficial es superar los 9.000 kilómetros de rutas nacionales concesionadas.
