El Gobierno promulgó la Ley Nicolás, una norma que estableció un marco jurídico e institucional para garantizar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, según se publicó en el Boletín Oficial. La iniciativa, aprobada en septiembre por el Congreso, fue inspirada en el caso de Nicolás Deanna, un joven que murió en 2017 por un diagnóstico erróneo.
El artículo primero de la Ley 27.797 detalló que su objetivo fue “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas y la disminución de daños evitables”.
Entre los puntos centrales, la ley dispuso la creación del Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), un sistema para reportar incidentes de seguridad y eventos adversos de forma confidencial y no punitiva. Este organismo deberá adoptar medidas correctivas ante las notificaciones recibidas y garantizar la confidencialidad de la información.
Además, la normativa estableció que si un profesional de la salud es sancionado o inhabilitado en una jurisdicción, la medida regirá en todo el país, y que todas las instituciones sanitarias deberán contar con métodos de selección transparentes y equitativos para su personal. También se fijó que, en un plazo máximo de cuatro años, todas las jurisdicciones deberán implementar plataformas digitales interoperables para las historias clínicas.
La Ley Nicolás fue aprobada en el Senado con 69 votos a favor y uno en contra. Durante el debate, la senadora Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular) expresó: “Las fallas humanas que derivan de diagnósticos médicos errados pueden existir y no las debemos negar; por eso es importante registrarlas sin que eso signifique una denuncia, para poder modificarlas”.
El proyecto fue impulsado en 2021 y comenzó a discutirse formalmente en 2023, tras años de reclamo de familiares de víctimas de mala praxis. Gabriela Covelli, madre de Nicolás y fundadora de la ONG Por la vida y la salud, recordó que “los procedimientos médicos que provocan lesiones o muertes son tratados como homicidios culposos. Los médicos rara vez van presos, por eso también se busca subir las penas mínimas y máximas en estos casos”.
