El Gobierno promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, aprobadas por el Congreso el 2 de octubre, pero postergó su aplicación hasta que el Parlamento defina cómo se cubrirán los gastos que implican. La decisión se formalizó este martes mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial.
A través de esos decretos, el Ejecutivo promulgó las leyes 27.795 y 27.796, aunque aclaró que no podrán ejecutarse sin financiamiento definido. Según el Gobierno, el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” las fuentes de recursos, un argumento similar al que ya se había utilizado para frenar la ley de emergencia en discapacidad.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había advertido en septiembre que la falta de partidas específicas “impide aplicar leyes que generan nuevos compromisos fiscales”, posición que el Ejecutivo volvió a sostener en esta oportunidad.
Financiamiento universitario
La Ley 27.795 estableció un esquema de financiamiento para las universidades públicas, la recomposición salarial del personal docente y no docente, y el fortalecimiento de becas, tecnología, investigación y formación académica. Además, dispuso la actualización de salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De acuerdo con las estimaciones oficiales, la aplicación total de la norma demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026, montos que el Ejecutivo consideró “inviables” sin recursos definidos. La Procuración del Tesoro advirtió que ejecutar la ley sin fondos específicos sería incompatible con la normativa de gasto público y podría derivar en “responsabilidad funcional” para los funcionarios que la apliquen.
En respuesta al retraso en la promulgación de la ley, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) inició una medida de fuerza con paro y jornada de protesta este martes y miércoles, ante el vencimiento de los plazos legales para la sanción de la norma.
Emergencia pediátrica: foco en el Garrahan
Por su parte, la Ley 27.796 declaró la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias de profesionales de la salud por un año. El objetivo fue garantizar el acceso equitativo a los servicios médicos para la infancia, fortalecer los hospitales pediátricos y recomponer los salarios del personal sanitario.
El Hospital Garrahan fue designado como centro nacional de alta complejidad, y el costo fiscal de la medida se estimó en $196.270 millones. Sin embargo, el Ejecutivo advirtió que su aplicación podría ser inviable frente al déficit de $102.400 millones que presenta el Ministerio de Salud.
El decreto también señaló que la ley contiene artículos que “invaden competencias del Poder Ejecutivo” al intentar derogar resoluciones ministeriales, lo que —según el Gobierno— vulneraría la división de poderes.
Contexto político
Las dos normas fueron aprobadas con amplio respaldo opositor luego de que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei. En ese contexto, el Ejecutivo optó por promulgar las leyes para cumplir con el trámite formal, aunque condicionó su aplicación a la disponibilidad presupuestaria.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó bajar la tensión al afirmar que “la Argentina atraviesa un momento complicado, pero está lejos de una situación terminal”, en referencia a declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien había dicho que el país “lucha por su vida”.
Adorni sostuvo que el Gobierno “heredó un desorden enorme” y que “aún falta mucho por recorrer”, pero aseguró que la actual gestión “evitó un colapso financiero”. Además, defendió la postura oficial de subordinar las leyes sociales y educativas a la existencia de fondos concretos, al remarcar que “no se puede gastar lo que no se tiene”.
