El intendente de Colonia Aurora, Carlos Goring, relató los momentos de tensión que se vivieron durante las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en la zona del Alto Uruguay. Denunció maltrato hacia periodistas, funcionarios y personas con discapacidad, además de irregularidades en la documentación entregada como certificado tras haber asistido a la auditoría. “Dijeron que los intendentes no somos autoridad y que no nos deben ningún tipo de información”, apuntó.
“Yo lo que hice cuando vi que ellos agredieron a los periodistas, que le tumbaron la cámara y que la señora fue contra ellos pegándoles, fue separarlos. Para que no siguiera la pelea, la saqué para un costado y le dije que vaya a trabajar. Entonces, me insultaron con muchos nombres. Para nosotros fue muy chocante, sabiendo que yo soy intendente y que estuve dos días trabajando con esa gente. Fue una falta de respeto muy grande y una actitud muy prepotente”, describió en diálogo con Arriba Misiones (lunes a viernes de 7 a 10 por el streaming de Misiones Online).
El jefe comunal afirmó que los supuestos auditores se negaban a identificarse y desconocían la autoridad de los intendentes. “Fuimos con tres intendentes a pedirle al médico que se identifique. Entonces intervino un señor alto y fuerte que nos dijo que nosotros no éramos autoridades competentes para pedirle que se identifique. Me dijo que la ‘chapita de intendente’ no servía. Yo le contesté que no me venga de Buenos Aires a faltar el respeto porque nosotros sí somos autoridades”, contó.
“Ocultaban información cuando queríamos y eso que nosotros colaboramos, porque nosotros estábamos ajenos a eso. Nosotros no teníamos ninguna llamada anterior de que iban a estar haciendo una auditoría en el municipio o en el departamento, donde solicitaban colaboración, nada. Fuimos porque somos comprometidos con nuestra gente”, añadió.
Goring explicó que los municipios debieron poner a disposición vehículos para trasladar a vecinos que viven a 50 o 70 kilómetros de 25 de Mayo. “Dispuse colectivos, minibuses y camionetas para acercar a la gente”.
Por otro lado, el intendente cuestionó la validez de los certificados entregados por parte del personal encargado de las auditorías. “La verdad es que tenían una fotocopia con una firma digitalizada que no vale. Los que fueron el lunes recibieron eso, y al día siguiente volvieron a firmar todo igual. El propio Anses no reconoció esos documentos. Fue un papel que no tenía ningún valor”, denunció.
Según el jefe comunal, los operativos se cerraron de manera intempestiva. “El segundo día, al mediodía, cerraron las puertas del salón y dijeron que ya terminaban, cuando debía extenderse hasta más tarde. Hoy pienso que fue porque sabían que había denuncias por la agresión a los periodistas y querían escaparse”.
Cabe remarcar que, de hecho, se fugaron y en horas de la tarde la Policía los detuvo en la localidad de Campo Grande, a unos 30 km del lugar del hecho.
Otro de los puntos que preocupó al intendente fue el negocio paralelo que surgió tras el operativo. “Con ese papel, la gente llega a la municipalidad y tiene turno en Anses. Pero ahora están pidiendo historia clínica actualizada y eso derivó en que algunos abogados, militantes políticos y doctores particulares cobren entre 150 y 200 mil pesos por un trámite a una persona que no tiene de dónde sacar. Los médicos de los centros de salud deberían poder extender esas historias clínicas sin costo, porque son los que conocen a los pacientes”, consideró.
Finalmente, Goring advirtió sobre la incertidumbre que genera la falta de información clara. “Un 70% de las personas que trasladamos recibió carta documento, el resto fue por miedo a perder el beneficio”.
“Los trataban como a un rebaño de animales y los metían en un salón y así iban yendo, una locura que no sé con qué directiva, no sé quién le dio la directiva a ellos para venir de esta manera, porque son una empresa”, sentenció.
Fuente: Misiones Oline
