La comunidad educativa se movilizará el miércoles 17 de septiembre en Posadas y en todo el país, exigiendo un presupuesto actualizado para las casas de altos estudios.
La Universidad Nacional de Misiones (Unam) confirmó que participará de la tercera Marcha Federal Universitaria, en rechazo al veto del Gobierno nacional a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por amplia mayoría en Diputados el pasado agosto. La convocatoria será el miércoles 17 de septiembre, con una conferencia de prensa a las 11 y posterior movilización desde el mástil ubicado en las avenidas Uruguay y Mitre, a partir de las 15.30.
El veto, comunicado la noche del miércoles 10 por el Poder Ejecutivo, motivó el rechazo de autoridades, gremios y estudiantes, quienes consideran que la medida compromete el sostenimiento y la calidad de la educación universitaria pública. Según Ruben Stasuk, secretario general de la Asociación de Docentes de la Unam, “la Ley de Financiamiento Universitario se avizoraba como una herramienta presupuestaria y es desolador encontrarse con la noticia del veto. Solicitamos el apoyo de los legisladores misioneros con su voto afirmativo”.
La medida se suma a un paro de 24 horas convocado por la Federación de Docentes Universitarios (Fedun) en todas las universidades del país el viernes 12, en el marco de la defensa de la educación pública y la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la Fedun y otras organizaciones universitarias, se anunció que la marcha se realizará de manera simultánea a la discusión del veto en la Cámara de Diputados.
“El Gobierno continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino demanda sobre la educación pública. Tras el apoyo multitudinario a las dos marchas federales previas, y pese a los recientes resultados electorales adversos, Milei no rectifica su rumbo”, afirmaron desde Fedun.
Las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de diversas universidades, junto con representantes estudiantiles, también expresaron su respaldo a la manifestación y ratificaron la necesidad de insistir en el Congreso para garantizar un financiamiento adecuado a las universidades públicas.
