El exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá, el misionero Oscar Thomas, se presentará ante la Justicia en las próximas semanas para declarar en el juicio oral de la megacausa de los Cuadernos de las Coimas, una de las investigaciones por corrupción más resonantes de los últimos años. Se lo acusa de haber entregado al menos un millón de dólares en supuestos pagos ilegales durante su gestión.
El exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el misionero Oscar Thomas, deberá declarar en las próximas semanas en el marco del juicio oral por la denominada causa de los Cuadernos de las Coimas, una de las investigaciones por corrupción más resonantes de los últimos años en la Argentina.
Thomas figura entre los 87 imputados en el expediente que se abrió a partir de las anotaciones del exchofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno, donde se habrían detallado entregas de dinero vinculadas a la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas. En esos registros, el exfuncionario misionero es señalado por entregar un bolso con 1,1 millón de dólares al entonces subsecretario de Coordinación del Ministerio, Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido.
El proceso oral comenzó la semana pasada con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, etapa que continuó este jueves, en la segunda jornada de audiencia, debido a la extensión de las acusaciones. Una vez concluida esta instancia y resueltas las cuestiones preliminares, los imputados comenzarán a declarar.
En primer término, lo harán los empresarios y exfuncionarios arrepentidos —25 en total— que se acogieron a la figura de “imputado colaborador” para obtener beneficios judiciales. Thomas no integra ese grupo, por lo que su declaración se producirá más adelante.
A diferencia de varios de los acusados que admitieron haber pagado sobornos, el exdirector de Yacyretá siempre negó los cargos. “Niego haber entregado dinero”, declaró al inicio de la causa. Su abogado, Juan Manuel Ubeira, sostiene que se trata de un caso de lawfare —persecución judicial con fines políticos— y cuestiona la validez de las anotaciones de Centeno como prueba incriminatoria.
Estuvo 48 días prófugo y cayó por una denuncia anónima
Cuando estalló el escándalo en 2018, Thomas fue el imputado que más tiempo permaneció prófugo: estuvo 48 días en esa condición hasta que fue detenido el 18 de septiembre de 2018 en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires, tras una denuncia anónima. Pasó un período en el penal de Ezeiza y luego obtuvo la prisión domiciliaria por problemas de salud mental. En diciembre de ese año recuperó la libertad bajo fianza, tras depositar 3 millones de pesos de caución.
En su autobiografía, Thomas relató que llevaba sus propios registros en cuadernos cuadriculados, una coincidencia llamativa con el sistema que dio origen a la causa.
Nacido en Posadas, hijo de un colectivero y una ama de casa paraguaya, Thomas se recibió de arquitecto con medalla de oro en la Universidad Nacional del Nordeste en 1981. En 2002 fue designado al frente de la Entidad Binacional Yacyretá, donde construyó una estrecha relación con Julio De Vido. Durante su gestión, fue señalado por distintas irregularidades, entre ellas el autopago de una indemnización millonaria, que luego debió devolver tras la repercusión pública del caso.
Ahora, más de siete años después de su detención, el exfuncionario misionero volverá a ocupar el centro de la escena judicial cuando preste declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal, en un proceso que promete extenderse durante varios meses y que tiene en vilo a gran parte del antiguo esquema de poder kirchnerista.
Más de 80 acusados
La causa judicial conocida popularmente como Cuadernos de las Coimas es considerada la mayor investigación por corrupción en la historia judicial argentina. Se originó a partir de las anotaciones detalladas en cuadernos por Óscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal.
Esos cuadernos registraron un extenso circuito de sobornos pagados por importantes empresarios contratistas del Estado a exfuncionarios del gobierno kirchnerista entre 2005 y 2015, a cambio de la adjudicación de obra pública y otros favores. Las anotaciones describen el traslado de grandes sumas de dinero en bolsos y valijas, con el objetivo de conformar una asociación ilícita para el cobro de coimas.
El juicio oral involucra a más de 80 acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, imputada como jefa de la asociación ilícita y cohecho pasivo, exfuncionarios como Julio De Vido, y numerosos empresarios de primer nivel que se acogieron a la figura del imputado colaborador para aportar información a la causa.
La Fiscalía estima que se habrían pagado más de 40 sobornos por un total que, según distintas fuentes, rondaría entre 7 y 17 millones de dólares. El proceso, que se lleva a cabo principalmente de manera virtual, es complejo y se espera que dure varios años, buscando determinar la responsabilidad de los acusados en el esquema de corrupción.
Fuente: MO
