El costo de los servicios esenciales profundizó su impacto sobre los ingresos de los trabajadores argentinos. La canasta que reúne transporte, electricidad, gas natural y agua potable alcanzó en julio de 2026 los $295.826 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que representa una suba del 4,6% respecto de junio y del 53% interanual.
El incremento de las tarifas se produjo a un ritmo superior al de la inflación general, que acumuló alrededor de 34% en los últimos doce meses. De esta manera, los servicios públicos sumaron 19 puntos porcentuales más que la inflación durante el período analizado.
El dato surge de un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, mientras que un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) puso el foco en la creciente incidencia de las tarifas sobre los salarios.
Según esta última medición, el peso de los servicios públicos sobre los ingresos de los trabajadores más que se duplicó desde 2023: pasó de representar menos del 5% del salario a superar actualmente el 12%.
¿Cuánto cuesta la canasta de servicios públicos?
El transporte constituye el principal componente del gasto mensual. En julio, demandó $121.023, equivalente al 41% del costo total de la canasta.
Le siguieron:
- Electricidad: $68.210.
- Gas natural: $64.862.
- Agua potable: $41.724.
En conjunto, estos cuatro servicios esenciales representaron un gasto de $295.826 durante julio.
El transporte, además de ser el rubro de mayor peso, explicó una parte significativa del incremento interanual: aportó 27 de los 53 puntos porcentuales que aumentó la canasta en los últimos doce meses.
Luz y gas, entre los principales aumentos de julio
El comportamiento de las tarifas estuvo condicionado durante julio por dos factores: los ajustes aplicados sobre los precios de los servicios y el incremento del consumo asociado a la temporada invernal.
En el caso de la electricidad, el aumento alcanzó el 12,5%, convirtiéndose en el principal incremento mensual dentro de la canasta. El resultado estuvo asociado a ajustes del 3% en el componente fijo y del 5,7% en el variable, además del mayor consumo de energía durante los meses de bajas temperaturas.
El informe del IIEP señaló que la electricidad fue el componente más relevante para explicar el comportamiento de la canasta durante julio.
El gas natural, por su parte, registró un aumento final del 5,2% en la factura. La suba respondió a un incremento del 2,8% en el cargo fijo y del 3% en el componente variable, combinado con el fuerte crecimiento de la demanda por las bajas temperaturas.
Transporte: el rubro que más pesa en el bolsillo
El transporte también tuvo un papel central en el aumento de los servicios públicos.
Durante julio, las tarifas de las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 4,1%, mientras que las correspondientes a los servicios interjurisdiccionales subieron 3,2%.
Como consecuencia, el gasto mensual de los hogares en transporte registró un incremento del 3,7%.
Con $121.023 mensuales, el transporte representó el 41% de toda la canasta de servicios públicos y se consolidó como el componente que más recursos demanda dentro del conjunto analizado.
El agua fue la excepción
El comportamiento del agua potable se diferenció del resto de los servicios.
En julio, el gasto destinado a este servicio retrocedió 4,6%, debido principalmente a una reducción del 7,7% en el bloque variable.
Ese descenso permitió compensar parcialmente el efecto de un día adicional de facturación durante el mes.
De esta manera, el agua fue el único componente de la canasta que mostró una disminución durante julio, en un contexto marcado por aumentos en electricidad, gas y transporte.
Desde diciembre de 2023, las tarifas aumentaron mucho más que la inflación
La evolución acumulada desde diciembre de 2023 permite dimensionar con mayor claridad el cambio en la estructura de los gastos de los hogares.
De acuerdo con el IAG, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un incremento del 966% desde diciembre de 2023, mientras que durante el mismo período la inflación general aumentó 241%.
La diferencia es especialmente marcada en algunos servicios.
El gas natural acumuló una suba del 2.185%, convirtiéndose en el servicio que más aumentó desde el inicio del período analizado.
En el caso de la electricidad, el incremento acumulado alcanzó el 1.065% para los usuarios que todavía cuentan con subsidios, mientras que para los usuarios no subsidiados llegó al 509,5%.
Ambos valores se ubicaron por encima del aumento general de precios del 320% considerado para ese período en la comparación del IAG.
Dos grandes oleadas de aumentos
Desde el Instituto Argentina Grande explicaron que la fuerte aceleración de las tarifas estuvo vinculada principalmente con dos grandes oleadas de ajustes: una iniciada a comienzos de 2024 y otra desarrollada durante 2026.
Los cambios estuvieron acompañados por modificaciones en el esquema de segmentación de subsidios y en los criterios para determinar quiénes pueden acceder a ellos.
Entre las modificaciones más recientes se encuentra la reducción del límite de consumo eléctrico subsidiado a 300 kWh mensuales.
También se redujo el descuento correspondiente a la tarifa social para hogares vulnerables, que pasó del 65% al 50%, mientras que se restringió el acceso a los subsidios para los sectores medios.
En este último caso, el límite de acceso se redujo de 3,5 a 3 Canastas Básicas Totales.
Estos cambios no solo impactan sobre el valor nominal de las facturas, sino también sobre la cantidad de ingresos que cada hogar debe destinar para sostener el consumo de servicios esenciales.
Las tarifas ya representan hasta el 15% de un salario promedio
El impacto sobre los ingresos también fue medido por el IIEP. Según sus estimaciones, la canasta de servicios públicos de julio representó aproximadamente el 15% de un salario promedio registrado, calculado en $1.924.456.
La diferencia respecto del dato del IAG —que ubica la incidencia por encima del 12%— responde a las distintas metodologías y referencias salariales utilizadas por cada medición.
En términos concretos, un salario promedio alcanzó para comprar el equivalente a 6,5 canastas de servicios públicos en julio de 2026.
Un año antes, esa misma relación era de 7,8 canastas.
Es decir, aun cuando el salario nominal aumentó, su capacidad para cubrir el costo de los servicios esenciales se redujo de manera significativa.
Menos salario disponible después de pagar los servicios
El problema no se limita al porcentaje del sueldo que representan las tarifas. El aumento de los servicios también reduce el ingreso que queda disponible para afrontar alimentos, alquiler, transporte adicional, educación, salud, vestimenta y otros gastos cotidianos.
Según la medición citada, un trabajador del sector privado registrado había perdido 4,3% de capacidad de compra en abril de 2026 respecto del promedio de 2023.
Sin embargo, cuando se incorpora el peso creciente de los servicios públicos, la pérdida del ingreso disponible alcanzó el 9,7%.
La diferencia muestra el efecto que tiene el aumento de las tarifas sobre el poder adquisitivo real: aun cuando los salarios puedan mostrar una recuperación nominal frente a determinados períodos, una porción cada vez mayor debe destinarse a gastos que resultan difíciles de reducir porque son esenciales.
Un cambio profundo en la estructura del gasto familiar
La evolución registrada desde 2023 muestra que las tarifas dejaron de ser un componente relativamente acotado del presupuesto de los hogares para convertirse en una carga mucho más significativa.
El hecho de que la canasta de servicios públicos haya aumentado 966% desde diciembre de 2023, frente a una inflación acumulada considerablemente menor, implica que electricidad, gas, agua y transporte ganaron peso dentro del presupuesto familiar.
La consecuencia es particularmente relevante para los trabajadores cuyos ingresos no logran acompañar el ritmo de los aumentos tarifarios.
El dato central del proceso es que pagar los servicios esenciales requiere hoy una porción mucho mayor del salario que hace tres años. En ese escenario, la discusión sobre tarifas y subsidios deja de ser únicamente una cuestión vinculada con el costo de los servicios y pasa a impactar directamente sobre el poder adquisitivo y el ingreso disponible de los hogares.
