Con el apoyo del kirchnerismo, los radicales y los bloques provinciales, la Cámara alta aprobó la iniciativa que ya tenía media sanción en Diputados. El presidente Javier Milei anticipó que vetará la reforma.E
El Senado aprobó ayer por dos tercios el proyecto que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento y pliega su actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC), una iniciativa que ya había tenido la media sanción de la Cámara de Diputados y sobre la que presidente Javier Milei había advertido que, de sancionarse, la vetaría.
El proyecto fue aprobado con 61 votos afirmativos, ocho negativos y cero abstenciones, en general; y en particular, la oposición logró blindar todos los artículos sensibles para el Gobierno nacional con dos tercios.
Además del aumento de 8,1 y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del año anterior.
A su vez, dispone que la ANSES «garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09».
También instruye a ese organismo a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales «no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley».
Su aplicación significará un gasto del 0,43 por ciento, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Ante este panorama, Milei aseguró que utilizaría, por primera vez, su facultad de veto, al calificar como «degenerados fiscales» a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto.
Tras la polémica generada por el último aumento otorgado a empleados legislativos atada a senadores, del 6,6% para julio y agosto, el pleno de la Cámara alta anuló la suba en cuestión y congeló sus dietas hasta el 31 de diciembre, en una votación unánime, con 65 adhesiones. A pesar de este puente, en enero seguirá vigente el cuestionado mecanismo que legisladores se autogestionaron en abril pasado, con sueldos en la actualidad de más de $7 millones en bruto.
En concreto, el proyecto de resolución a aprobarse de manera inminente suspende “para las señoras y señores senadores toda la actualización que se realice en el valor del módulo” establecido en la resolución de abril pasado, que fue la que generó el escándalo, “a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2024″. Por ende, no gozarán del vigente aumento del lunes último a favor de los empleados legislativos de 3,5% para julio y de 3% -acumulativo- para el corriente mes.
Si de números se trata, el sistema de dietas de los senadores pasó a estar conformado desde abril por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto representa, en la actualidad, más de $7 millones en bruto.
La única integrante de la Cámara alta que no goza de este mecanismo es la santacruceña y ex gobernadora Alicia Kirchner, del Frente de Todos. Antes de ingresar como legisladora y, como suele ocurrir en el Estado, tuvo que llenar un formulario obligatorio, donde eligió mantener su jubilación y no percibir el sueldo de parlamentaria.
“No debería ser una tarea de la Presidencia -de la Cámara alta- ni del Ejecutivo indicar cuáles deben ser los ingresos de los señores senadores”, aseguró el experimentado peronista disidente Juan Carlos Romero, quien dejó en claro que lo votado representa una “transición hasta encontrar hacia fin de año una verdadera solución”. El salteño luego apuntó a las críticas recibidas y recordó que, en varias zonas del Estado, es un “misterio”, como el valor de sueldos de directores de empresas públicas.
“La gente merece una explicación”, opinó el jefe del kirchnerismo, José Mayans, quien manifestó que “hay mucha distorsión sobre la percepción de un legislador que tiene que venir a cumplir obligaciones”. Adhirió a ambos el titular del oficialismo, Ezequiel Atauche, que pidió un gesto para mostrar “ejemplaridad”.
Tras lo ocurrido, oficialismo y oposición comenzaron la discusión -en sesión especial- de un proyecto de Mayans que impone que el Presidente de la Nación tiene que tener un haber establecido en 20 salarios mínimo vital y móvil. Ése será el máximo que se aplicará a los miembros de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, y empresas y sociedades del Estado. Como el mínimo hoy está en 262.432,93 pesos, el del primer mandatario quedaría en 5.248.658,6 pesos.
Sobre autoridades superiores y jerárquicas como ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a), b), c), y d) del artículo 8º de la Ley 24.156, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, sus remuneraciones no podrán superar 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto. Es decir, 3.936.493,95 pesos.
Por otra parte, a partir de Secretarios de Estado, la cifra baja a 10 salarios, mientras que para Directores/as Ejecutivos de las Empresas y Sociedades del Estado -YPF por ejemplo- será de nueve haberes mínimos. Si el proyecto obtuviera la aprobación del Senado y la sanción de Diputados -hoy, lejano-, no sólo implicará que el Presidente tenga fijado su sueldo, sino que también impactará en la Corte Suprema de Justicia: magistrados del máximo tribunal pasarían a percibir casi $4 millones, ya que en la escala quedarían con 15 Salarios Mínimo Vital y Móvil.
Hubo otro texto en la agenda del jefe del macrismo, Luis Juez, junto a otros miembros de dicha bancada, para desactivar la criticada resolución de abril pasado. La mayoría de los bloques apuntó al cordobés en los últimos días debido a que la semana pasada, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, anticipó a los legisladores que se venía el aumento a empleados y, por ende, la actualización automática de las dietas. Nadie abrió la boca.
Mayans, Romero y Juez opinaron sobre la iniciativa del kirchnerista y se decidió que todo lo relacionado con este tema volviera a analizarse en las comisiones correspondientes. El objetivo de despejar el foco de los sueldos de senadores por cuatro meses ya estaba cumplido. Distinto caso ocurre en Diputados, con un Martín Menem que acrecentó el sueldo a los legisladores por tramos y en una resolución oculta, como la mayoría de los documentos de la Cámara baja. Tendrían que ser públicos, como en la Cámara alta. Javier Milei, al parecer, aún no se enteró de ello.
