Un proyecto de ley para modificar el régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria obtuvo dictamen en el Senado y propone una reforma del transporte fluvial y marítimo en Argentina, con el objetivo de ampliar la oferta de servicios, promover la competencia y reducir los costos logísticos.
La iniciativa, identificada como expediente S-1844/2026, plantea que las operaciones de navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional puedan realizarse tanto con buques de bandera argentina como con embarcaciones extranjeras. Sin embargo, reserva determinadas actividades exclusivamente para buques argentinos o con tratamiento equivalente, entre ellas la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre, la navegación deportiva y las lanchas de prácticos.
En el caso de los buques extranjeros, el proyecto establece que podrán operar en el cabotaje nacional luego de informar previamente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) su ingreso y el período durante el cual prestarán servicios. También dispone que las condiciones laborales de sus tripulaciones se rijan por la legislación del país de bandera.
La propuesta contempla mecanismos de control a cargo de la ANPYN y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además, prohíbe la operación de embarcaciones extranjeras vinculadas con empresas que hayan prestado servicios a personas o compañías no autorizadas para desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Incentivos fiscales y cambios para la marina mercante
Entre los principales puntos del proyecto figura la aplicación de una alícuota del 25% del Impuesto a las Ganancias para determinadas sociedades que desarrollen habitualmente actividades de cabotaje, tanto con buques argentinos como extranjeros.
También incorpora un régimen de promoción para los armadores nacionales, que podrán optar por un esquema de amortización acelerada de inversiones vinculadas con el cabotaje. La medida apunta a incentivar la incorporación y renovación de bienes destinados a esta actividad.
En materia de seguridad y ambiente, la iniciativa establece que los buques deberán cumplir con las normas correspondientes a sus respectivas banderas, además de respetar las disposiciones aplicables en aguas argentinas. La Prefectura Naval Argentina deberá controlar el cumplimiento de los convenios internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y formación de las tripulaciones, junto con las normas ambientales nacionales.
Contenedores y simplificación de trámites
Otro eje de la reforma es la modificación del régimen aduanero para facilitar el movimiento de contenedores. El proyecto propone que puedan permanecer indefinidamente en el país bajo el régimen de admisión temporaria, sin plazos de caducidad, aunque los agentes de transporte deberán presentar anualmente un listado identificatorio ante la autoridad aduanera.
Además, plantea que el libramiento de mercaderías nacionales destinadas al exterior se perfeccione en el puerto de origen, al momento del embarque.
La iniciativa también contempla un régimen simplificado de removido de cargas, con documentación de transporte y factura del cargador, y dispone que la ANPYN y la ARCA procuren implementar procedimientos de control simplificados para mejorar la eficiencia económica del transporte de cabotaje.
A su vez, reconoce la validez jurídica y probatoria de los conocimientos de embarque y otros documentos de transporte emitidos en formato digital o electrónico, incluidos los correspondientes a transbordos intermodales.
Otro de los cambios propuestos establece un procedimiento abreviado para el cese de bandera de buques. En ese marco, los organismos públicos deberán informar sobre posibles deudas o emitir los certificados correspondientes dentro de un plazo de 15 días hábiles administrativos. Si no se expiden dentro de ese período, el trámite de cancelación podrá continuar.
Los argumentos del proyecto
En los fundamentos, los autores sostienen que el transporte por agua tiene un papel limitado en la logística interna argentina, pese a las ventajas que puede ofrecer para movilizar grandes volúmenes de carga a largas distancias.
El texto señala problemas estructurales como la escasez de servicios navieros, la falta de regularidad, la infraestructura portuaria subutilizada, la baja intermodalidad y las restricciones normativas. Según los fundamentos, estas dificultades afectan especialmente a las provincias alejadas de los principales centros de exportación, entre ellas las del Nordeste argentino y la Patagonia, donde las distancias terrestres incrementan los costos de traslado.
La propuesta busca ampliar las alternativas disponibles para sectores que movilizan grandes volúmenes de mercadería, como la agroindustria, la industria forestal, la minería y los hidrocarburos.
Los autores sostienen que la flexibilización de las operaciones, la simplificación de los procedimientos y los incentivos a la inversión podrían contribuir a que los puertos provinciales capten más cargas, atraigan inversiones y desarrollen nuevos servicios.
El expediente lleva las firmas de María C. Moisés, Guillermo E. Andrada, Patricia Bullrich, Joaquín A. Benegas Lynch, Carolina Losada y otros senadores.
El dictamen habilita el avance legislativo de la iniciativa, pero el proyecto todavía debe completar el trámite parlamentario para convertirse en ley.
