La empresa argentina IMPSA firmó un acuerdo con el gobierno de Venezuela para retomar obras hidroeléctricas y participar en trabajos vinculados al Sistema Eléctrico Nacional de ese país. El entendimiento apunta a completar la Central Hidroeléctrica de Tocoma y avanzar en proyectos de modernización de la red eléctrica venezolana.
La información fue difundida por la oficina presidencial de Venezuela, que sostuvo que el acuerdo con IMPSA busca culminar la planta de Tocoma y desarrollar tareas en el sistema eléctrico nacional. Según el comunicado citado por Bloomberg Línea, los trabajos permitirían sumar 2.640 megavatios a la red del país caribeño.
El convenio marca el regreso de la firma mendocina a proyectos de gran escala en Venezuela, donde había desarrollado contratos durante la década de 2000 con la estatal Corpoelec. Esa relación quedó atravesada por la paralización de obras y atrasos de pago que terminaron afectando las finanzas de la compañía argentina.
La primera etapa del plan contempla la reparación de turbinas en Macagua y la instalación de unidades en Tocoma. El CEO de IMPSA, Jorge Salcedo, había señalado días atrás que el objetivo inicial era incorporar 672 megavatios de capacidad, mediante la rehabilitación de equipos en Macagua y una fase posterior en Tocoma.
Cómo fue el proceso de privatización de IMPSA
El acuerdo llega después del proceso de privatización de IMPSA, que había quedado bajo control estatal tras su rescate en 2021. La compañía, histórica fabricante de turbinas, grúas y equipamiento para energía, acumulaba una pesada deuda y arrastraba problemas financieros desde hacía años.
En enero de 2025, el Gobierno nacional anunció la venta de la participación estatal en IMPSA al consorcio Industrial Acquisitions Fund (IAF), cuyo principal socio es la estadounidense Arc Energy. La operación fue presentada como la primera privatización concretada durante la gestión de Javier Milei.
La oferta incluyó una capitalización de u$s27 millones y la necesidad de refinanciar una deuda cercana a los u$s576 millones con acreedores. En febrero de ese año, el Estado nacional y la provincia de Mendoza oficializaron el contrato de transferencia de acciones de IMPSA al consorcio IAF.
Antes de esa transferencia, la estructura accionaria estaba mayoritariamente en manos públicas: el Estado nacional tenía el 63% de la compañía y Mendoza poseía otro 21%, mientras que el resto correspondía a privados. Con el traspaso, la firma volvió a quedar bajo control privado.
El regreso a Venezuela tras años de conflicto financiero
La relación entre IMPSA y Venezuela tuvo un peso decisivo en la historia reciente de la empresa. Durante los años 2000, la compañía mendocina firmó contratos para obras hidroeléctricas de gran escala, especialmente en las centrales de Tocoma y Macagua.
El proyecto Tocoma, también conocido como central Manuel Piar, contemplaba la provisión de equipamiento clave para ampliar la capacidad de generación eléctrica del país. Sin embargo, desde 2013 varios trabajos quedaron paralizados y comenzaron los atrasos de pago por parte de Caracas.
Ese escenario impactó con fuerza sobre la situación financiera de IMPSA, que entró en default en 2014 y luego atravesó una reestructuración profunda. Años más tarde, el rescate estatal y posterior privatización buscaron recomponer el funcionamiento de la compañía y garantizar su continuidad operativa.
El nuevo entendimiento con Venezuela vuelve a ubicar a IMPSA en una obra estratégica para la región. Para Caracas, el acuerdo representa una oportunidad de sumar capacidad de generación en un sistema eléctrico marcado por años de falta de inversión, fallas recurrentes y apagones en distintas zonas del país.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró el anuncio y destacó que la empresa mendocina “vuelve a ser protagonista de grandes obras de infraestructura en el mundo”. Para la provincia, el convenio también funciona como una señal de recuperación internacional de una firma considerada histórica dentro del entramado industrial local.
